Impacto en los costos financieros, las relaciones comerciales internacionales, el empleo, las remesas y la inversión en el país, son algunos de los riesgos existentes de no aprobarse la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
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La Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) advirtió el riesgo inminente de que el país sea incluido en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si el Congreso no aprueba y actualiza el marco legal contra la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En esta entrevista con José Porras, presidente de la CFG, explica que la falta de acción ante la Iniciativa 6593 tendría un alto costo financiero para el sistema financiero nacional. Por ejemplo, se anticipan dificultades con bancos corresponsales, aumento en las tasas de interés y un impacto directo en las remesas familiares, complicando el dinero que reciben millones de hogares guatemaltecos.
¿Cuál es la valoración que hace la Cámara de Finanzas sobre el riesgo de que Guatemala entre a la lista gris del GAFI?
Guatemala enfrenta un riesgo real de ser incluida nuevamente en una lista como país no cooperante, o la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) si no actualiza su marco legal. Esta lista no es simbólica: significa que el país es considerado internacionalmente como una jurisdicción con deficiencias estratégicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Desde la Cámara de Finanzas vemos este riesgo con gran preocupación ya que tendría un impacto en los costos financieros, las relaciones comerciales internacionales, el empleo, las remesas y la inversión en el país.
¿Qué implicaciones concretas tendría para el sistema financiero nacional y para los usuarios si el país no aprueba la ley antes de la fecha límite?
Las implicaciones para el sistema financiero comienzan con las dificultades crecientes para operar con bancos corresponsales internacionales, acceso restringido a la banca multilateral y menor disponibilidad de fondos internacionales para financiamiento productivo o comercial.
Pero más allá del sistema financiero, el verdadero impacto es sobre los usuarios y la economía nacional. Las remesas familiares podrían enfrentar más controles, límites de envío, demoras y comisiones, encareciendo el dinero que millones de hogares reciben del extranjero; las tasas de interés para créditos personales y empresariales podrían subir, al igual que las primas de seguros, porque el país sería percibido como de alto riesgo y los exportadores enfrentarían mayores exigencias y costos en cartas de crédito, garantías bancarias o transferencias, especialmente hacia Estados Unidos y Europa.
Además, las pequeñas y medianas empresas que dependen de líneas de crédito o financiamiento externo podrían quedar fuera del sistema y, en el peor escenario, podríamos ver una reducción o cancelación de relaciones con bancos internacionales, lo que nos aísla financieramente como país.
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Desde la perspectiva de la Cámara, ¿qué tan urgente considera que es la aprobación de esta iniciativa en el Congreso?
Es urgente. No se trata de una iniciativa ordinaria. Se trata de compromisos adquiridos internacionalmente. La iniciativa debería convertirse en decreto en 2025 y ser implementado durante el 2026 para evitar sanciones.
El costo de no aprobar la iniciativa es mayor que cualquier costo político. Si Guatemala no cumple, perderemos competitividad internacional y podría verse afectado nuestro crecimiento económico.
¿Cuáles son los aspectos más relevantes o positivos que contempla la nueva iniciativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?
La iniciativa 6593 incorpora cambios estructurales clave: unifica y moderniza la legislación existente. Introduce un enfoque basado en riesgo (EBR), alineado con estándares internacionales y amplía el perímetro de supervisión a sectores hasta ahora no regulados, con la finalidad de combatir la estratificación del lavado de dinero. Por ejemplo notarios, proveedores de servicios de activos virtuales, entre otros.
No es una iniciativa dirigida contra los actores económicos formales o informales, sino contra las actividades ilícitas que se infiltran en la economía y atentan contra el desarrollo del país.
¿Qué vacíos o debilidades tiene la legislación actual que esta nueva ley viene a subsanar?
La ley actual tiene más de 20 años. Las tipologías no están redactadas acorde a la realidad del lavado de dinero, al incremento de estructuras de estratificación o redes internacionales. Es una ley desactualizada que debe alinearse a los estándares del GAFI.
¿Existen puntos de la iniciativa que el sector financiero considera deben revisarse o mejorarse antes de su aprobación?
Sí, y lo hemos planteado en distintos espacios técnicos y de diálogo. Valoramos el espíritu de la iniciativa y coincidimos en la urgencia de su aprobación, pero también creemos que puede fortalecerse en algunos puntos clave para garantizar su correcta aplicación. Por ejemplo, definir claramente términos como beneficiario final y establecer umbrales claros y mejorar la redacción en temas de protección de datos y responsabilidad en el congelamiento de activos.
También creemos importante que los aspectos tributarios se aborden en leyes específicas de la materia, manteniendo la iniciativa 6593 como una ley técnica y especializada en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué acciones está tomando actualmente la Cámara de Finanzas y las instituciones que la conforman para fortalecer sus mecanismos de prevención de lavado de dinero?
La Cámara de Finanzas representa al sector financiero formal de Guatemala, integrando a cerca de 100 entidades, incluyendo bancos, aseguradoras, cooperativas de ahorro y crédito, casas de bolsa y otras instituciones reguladas. Como sector, hemos trabajado durante años para cumplir con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras supervisadas ya aplican controles robustos, y estamos preparados para adoptar plenamente el nuevo enfoque basado en riesgo que propone la iniciativa 6593.
Además, en coordinación con la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), promovemos de forma constante la capacitación técnica, el fortalecimiento institucional y la formación especializada en cumplimiento LD/FT, no solo hacia nuestros afiliados, sino también hacia nuevos sectores que serán parte del ecosistema regulado.
¿Cómo evalúan el grado de cumplimiento del sistema financiero guatemalteco con los estándares internacionales de GAFI?
Las instituciones financieras supervisadas en Guatemala están habituadas a operar bajo estándares internacionales. Pero el país, como Estado, aún presenta deficiencias normativas y operativas señaladas por GAFILAT. La nueva ley no es solo para bancos: responde a una realidad en la que las estructuras de lavado se han diversificado, se han vuelto más sofisticadas y utilizan esquemas de estratificación para ocultar el origen ilícito de los fondos. Por eso se amplía la supervisión hacia nuevos sectores: para que el sistema completo esté preparado, no solo una parte de él.
¿Qué tipo de apoyo o coordinación está recibiendo el sector privado, por parte del gobierno, para acelerar el proceso de implementación?
Hay que aclarar que el esfuerzo plasmado en la iniciativa 6593 no es nuevo, su contenido viene discutiéndose y analizándose desde el 2016 posterior a las recomendaciones de GAFI de entonces. En este contexto hemos sostenido reuniones con autoridades como SIB, IVE, Banco de Guatemala y también con organismos internacionales. Desde la Cámara de Finanzas, promovemos la cooperación técnica y el diálogo público-privado. Agradecemos que el Ejecutivo haya retomado la iniciativa, y la apertura del Congreso que ha recibido nuestros aportes a través de la Comisión de Economía.
¿Qué obstáculos han identificado para la aprobación y posterior implementación de la ley? ¿Son más de índole técnica, política o institucional?
Un reto importante será en implementación, en la capacidad del ente regulador para coordinar a los nuevos sectores que pasarán a ser personas obligadas, especialmente aquellos que no han operado antes bajo esquemas de cumplimiento LD/FT. Eso requerirá acompañamiento, gradualidad y asistencia técnica.
En cuanto al plano político, la aprobación legislativa dependerá de la voluntad del Congreso. Hemos visto una actitud positiva en las comisiones de trabajo del Congreso, con apertura para discutir mejoras técnicas y avanzar de forma responsable. Confiamos en que el pleno mantendrá esa misma disposición, entendiendo que esta ley no es de un sector, sino de interés nacional.
Si Guatemala logra aprobar y operar esta ley a tiempo, ¿qué beneficios concretos podría obtener en materia de inversión extranjera, comercio y confianza internacional?
La aprobación de esta ley podría enviar una señal muy positiva a los mercados internacionales: que Guatemala es un país cooperante, moderno y comprometido con los estándares globales. Esto podría traducirse en una mejora en la percepción de riesgo país, facilitar el acceso a inversión extranjera y financiamiento internacional, e incluso contribuir a una eventual mejora en la calificación soberana. Más allá de su valor técnico, la ley se convertiría en una herramienta de competitividad nacional. Y por supuesto, su propósito principal: reforzar la capacidad del Estado para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de estructuras ilícitas.
¿Podría comentarnos cómo la inclusión o exclusión en la lista gris impacta la calificación de riesgo país o las relaciones con corresponsales bancarios internacionales?
Estar en la lista gris deteriora la confianza de los bancos corresponsales y eleva el perfil de riesgo del país. Eso tiene impactos directos en el acceso a divisas, el comercio exterior, las remesas y el financiamiento internacional. También puede traducirse en un encarecimiento de los productos financieros, como créditos, seguros o garantías, debido al mayor costo de cumplimiento que enfrentan las entidades locales.
No se trata únicamente de cumplir con un estándar técnico: se trata de preservar el acceso de Guatemala al sistema financiero global.
Y es importante dejar claro que la iniciativa no está dirigida contra la economía informal, sino contra las estructuras que operan al margen de la ley y que usan vehículos económicos para encubrir delitos. El objetivo es proteger al ciudadano honesto, no perseguir al pequeño o mediano comerciante.
