La CIDH declara que Guatemala enfrenta serias amenazas a la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho, debido al control de algunas instituciones estatales por parte de actores externos, políticos y económicos.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe "Situación de los derechos humanos en Guatemala", resultado de la visita realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2024.
En el informe se indica que el Ministerio Público (MP) comandado por la fiscal general Consuelo Porras, se ha apartado de su mandato constitucional y legal de ejercer la acción penal de forma independiente, autónoma y objetiva, en defensa del interés general de la población.
Señala que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que lideró procesos emblemáticos de combate a la impunidad ahora actúa para blindar al status quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
La CIDH corrobora en su informe que la instrumentalización del derecho penal se ha extendido a las personas que ejercen la defensa legal de personas criminalizadas, comunidades indígenas, campesinas y sindicales, periodistas, estudiantes y personal académico, funcionarios públicos, incluyendo operadores de justicia, el exprocurador de derechos humanos, hasta al presidente y la vicepresidenta de la República.
La CIDH reafirma la urgencia de avanzar en reformas estructurales del sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, establezcan procesos de selección y nombramiento de autoridades conforme a estándares internacionales de mérito, objetividad y transparencia, así como mecanismos para la rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal.
En este sentido, los próximos procesos para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República constituyen una oportunidad para recuperar la legitimidad del sistema judicial y fortalecer la institucionalidad democrática.
Pueblos indígenas
La falta de certeza jurídica y el accionar coordinado de empresas privadas con el Poder Judicial y el MP ha resultado en la apropiación y desalojo forzado de sus tierras ancestrales a los pueblos indígenas, según menciona el informe.
Por otra parte, señala que la labor de personas defensoras sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país debido a graves patrones de violencia y el abuso del derecho penal como mecanismo de hostigamiento, intimidación y obstaculización; en particular contra comunidades indígenas, campesinas y personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Del mismo modo, las mujeres defensoras enfrentan violencia por razones de género y patrones de la criminalización que las afectan de manera diferenciada, agregó la CIDH.
43 recomendaciones
La CIDH reitera su compromiso de acompañar a Guatemala en la restauración de la institucionalidad democrática basada en la protección y garantía de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Asimismo, en la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas, el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, y en políticas efectivas para revertir la desigualdad.
Por lo tanto, la CIDH formula un conjunto de 43 recomendaciones al Estado, basándose en la corrupción y derechos humanos; seguridad ciudadana; sistema de administración de justicia; memoria, verdad, justicia y reparación; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
De igual maneras, en los pueblos indígenas; personas afrodescendientes; personas defensoras de derechos humanos; niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas con discapacidad; movilidad humana; personas privadas de libertad; y ratificación de instrumentos internacionales.
