Diputados de distintas bancadas opinaron sobre el estado de Sitio, entre respaldos, matices y llamados a reformas estructurales.
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El estado de Sitio decretado por el Ejecutivo por 30 días ya se encuentra en la antesala del Congreso de la República, donde deberá ser conocido y ratificado por el pleno en la sesión programada para este lunes 19 de enero a las 14:00 horas.
La medida fue oficializada el lunes 19 de enero mediante el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado en el Diario de Centroamérica, como respuesta a la reciente escalada de violencia atribuida a estructuras del Barrio 18.
Según el Gobierno, los ataques registrados, motines simultáneos en centros penitenciarios, retención de personal del Sistema Penitenciario y agresiones directas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), constituyen acciones coordinadas de grupos criminales, luego de que el Estado rechazara exigencias planteadas por privados de libertad.
El decreto establece que las limitaciones a derechos constitucionales se aplicarán únicamente en la medida necesaria para enfrentar a maras o pandillas y garantizar el orden público.
Durante la vigencia del estado de Sitio, las autoridades podrán restringir reuniones, manifestaciones y espectáculos, incluso privados; disolver concentraciones no autorizadas; limitar la circulación en zonas específicas; realizar registros, así como detener o confinar personas sospechosas sin orden judicial.
Aunque la medida ya estaba vigente desde su anuncio el domingo anterior, su publicación oficial formalizó su aplicación en todo el territorio nacional.
En este contexto, diputados de distintas bancadas fueron consultados por Soy502 sobre su postura ante la eventual aprobación legislativa. Si bien existe un respaldo mayoritario, las declaraciones reflejan distintos énfasis: desde el apoyo irrestricto por razones de seguridad inmediata, hasta advertencias sobre la necesidad de atender las causas estructurales de la violencia.
De la bancada Cabal, el diputado Luis Aguirre señaló que la prioridad es recuperar la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población. En su planteamiento, el momento exige unidad política y respaldo institucional a las fuerzas de seguridad para enfrentar a las estructuras criminales que han escalado sus acciones violentas.
Por la bancada VOS, el diputado Jairo Flores combinó su apoyo a la medida con un llamado a la evaluación constante de los resultados. Expresó solidaridad con las familias de los agentes de la PNC y subrayó que el Estado de Sitio debe servir como un instrumento inmediato para frenar atentados, pero no sustituir una política integral de seguridad. En su análisis, el incremento de la violencia, las extorsiones, los homicidios y la falta de control en las cárceles evidencian que el problema va más allá de una respuesta coyuntural.
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El diputado Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, fue uno de los más enfáticos en su respaldo. Consideró que el país no enfrenta violencia común, sino una reacción directa de las estructuras criminales ante la pérdida de control en los centros penitenciarios. Recordó que el Congreso ya aprobó reformas clave, como la nueva Ley de la PNC, y sostuvo que ahora corresponde al Ejecutivo utilizar el Estado de Sitio para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.
Desde la bancada Valor, Elmer Palencia respaldó la medida, pero advirtió que su efectividad dependerá de una aplicación estratégica y focalizada. A su criterio, el epicentro del problema se encuentra en el sistema penitenciario, desde donde se ordenan y coordinan gran parte de los hechos criminales. En ese sentido, alertó que un Estado de Sitio que no recupere el control real de las cárceles corre el riesgo de convertirse en una respuesta temporal sin impacto duradero.
El diputado José Chic, también de VOS, describió el fin de semana como uno de alta violencia y coordinación criminal. Señaló que los motines carcelarios y los ataques sistemáticos contra agentes de la PNC generaron zozobra y pánico en la población. En ese escenario, consideró que el Estado de Sitio es una medida afirmativa y necesaria para evitar una escalada mayor y permitir una acción conjunta entre la PNC y el Ejército.
La diputada oficialista Andrea María Reyes calificó la situación como una crisis extrema y recordó que la Ley del Orden Público fue creada precisamente para responder a contextos de este tipo. A su juicio, los hechos recientes no son casuales, sino señales claras de una articulación criminal que amerita una respuesta excepcional. Planteó que el Congreso tiene la responsabilidad de facilitar la restauración del orden y no limitar la capacidad de acción del Ejecutivo ante una emergencia nacional.
Desde Winaq-URNG-Maíz, la diputada Sonia Gutiérrez lamentó la violencia que ha cobrado la vida de agentes policiales y sostuvo que los ataques son una reacción de estructuras criminales que han perdido privilegios sostenidos por años de impunidad. Aunque respaldó el Estado de Sitio, advirtió que, por sí solo, no resolverá la violencia ni la corrupción en el sistema penitenciario. Enfatizó que el Congreso tiene un compromiso pendiente con reformas profundas en materia de seguridad, justicia y control carcelario.
Finalmente, el diputado Byron Rodríguez, de la bancada Todos, manifestó que ha insistido desde el inicio de su gestión en la necesidad de que el Gobierno recupere el control del sistema penitenciario y de la PNC.
Si bien reconoció el malestar de algunos sectores por posibles restricciones a la portación legal de armas, consideró que la gravedad del momento justifica la adopción de medidas temporales y adelantó el respaldo de su bancada al decreto.
Por su parte, el diputado Rodrigo Pellecer, de la bancada Elefante, considera que la aprobación del Estado de Sitio decretado por el ejecutivo es una medida acertada, pero enfatiza que debe ir acompañada de acciones concretas para someter a los criminales y restablecer el orden en el sistema penitenciario, que actualmente se encuentra en caos.
