El Congreso avanza en la discusión de la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero que busca cumplir estándares internacionales antes de la evaluación de GAFILAT en 2027.
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El Congreso avanza en el proceso para discutir y aprobar la iniciativa de ley 6593, que propone una Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, considerada clave para fortalecer los controles financieros del país antes de la evaluación internacional prevista para 2027.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior emitió recientemente un dictamen favorable con modificaciones a la propuesta.
El documento incorpora ajustes en aspectos penales, penitenciarios y en la tipificación de delitos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según detalló el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión.
Consensos en el Congreso
El jefe de bloque de la bancada Valor y secretario de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera, informó que el siguiente paso será trasladar el dictamen a la Dirección Legislativa para continuar con el trámite correspondiente.
Posteriormente, deberá ser remitirlo a la instancia de Jefes de Bloque para que se incluya en la agenda del pleno. "Desde nuestro espacio en la Junta Directiva velaremos para que el dictamen se incluya con prioridad en el orden del día", señaló.
Rivera explicó que, una vez en el hemiciclo, los diputados deberán decidir si la iniciativa se aprueba mediante el procedimiento ordinario de tres lecturas o si se solicita su aprobación de urgencia nacional, dada la relevancia técnica que tiene para el país. "La aprobación de esta ley no es solo un trámite, es una prioridad de Estado", afirmó.
El diputado Rodrigo Pellecer, jefe de bloque del partido Elefante, señaló que existe interés en discutir la normativa durante marzo.
Aunque indicó que algunos expertos consideran que la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) no necesariamente implicaría sanciones directas para el país. Sin embargo, afirmó que entre las bancadas hay disposición para avanzar en la aprobación. "Creo que hay consensos en aprobarla", agregó.
En la misma línea, la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, afirmó que la propuesta se acerca a un consenso legislativo tras la emisión del nuevo dictamen.
Según explicó, durante el proceso se han realizado reuniones con distintos actores económicos que han participado en el análisis del proyecto. "El hecho de que ya esté colocado en el orden del día me parece que sí ya es un avance", agregó.
También destacó que la aprobación responde a compromisos internacionales relacionados con transparencia financiera y manejo de recursos.
Otros diputados indicaron que el tema continúa en discusión dentro de las bancadas. El jefe de bloque de Cabal, Luis Aguirre, señaló que su bancada tiene previsto analizar la iniciativa en reunión interna, mientras que el jefe de bloque de Creo, Cristian Álvarez, estimó que la discusión podría concretarse en las próximas semanas.
Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, indicó que la agenda legislativa del 10 de marzo estará centrada en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aunque existe la posibilidad de que ese mismo día se intente realizar la primera lectura de la iniciativa.
Al momento de la aprobación favorable de esta iniciativa Estrada consideró viable que la ley pueda aprobarse antes de la evaluación internacional, siempre que el proceso legislativo no se prolongue más allá de abril.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la iniciativa 6593, que dispone aprobar una Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
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Además, explicó que la normativa contempla un período de implementación de seis meses y que parte de los cambios serán administrativos y operativos, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
El diputado también advirtió que retrasar la aprobación podría implicar que el país enfrente exigencias más estrictas en el futuro.
Según señaló, una reforma tardía podría traducirse en mayores controles sobre el sistema financiero, lo que eventualmente podría impactar en transferencias internacionales, créditos y acceso a financiamiento.
