Con la iniciativa 6594, el Congreso busca modernizar, fortalecer y ordenar el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación, estableciendo reglas claras sobre su estructura, atribuciones y coordinación interinstitucional.
TE PUEDE INTERESAR: Ley de IUSI plantea exonerar impuestos a viviendas de bajo valor y de adultos mayores
La Iniciativa de ley 6594 propone la aprobación de una Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en cumplimiento del artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El objetivo principal es dotar a la PGN de un marco legal propio, pues actualmente su organización y funcionamiento se rigen de forma parcial por normas del Ministerio Público.
La propuesta define a la PGN como una institución pública de carácter constitucional, con autonomía administrativa y financiera, encargada de la asesoría y consultoría jurídica de los órganos del Estado, la representación legal del Estado y la defensa de sus intereses, siempre con apego al principio de legalidad.
Estructura y funciones
La iniciativa establece una estructura orgánica clara, encabezada por el Procurador General de la Nación, y regula de manera específica las funciones de los subprocuradores y de las áreas administrativas.
Se incorpora la figura del Subprocurador de Defensa del Estado, quien podrá sustituir temporalmente al Procurador General, dirigir estrategias de litigio y asumir la representación del Estado cuando esta le sea delegada.
También se fortalece la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, responsable de la representación legal de niñas, niños y adolescentes sin representante, la promoción de medidas de protección, la intervención en procesos judiciales y la coordinación del Sistema de Alerta Alba-Keneth.
Gestión administrativa
La ley regula la Dirección General Administrativa Financiera, encargada de la planificación, el presupuesto y la administración interna de la PGN.
Además, incluye disposiciones comunes para los procesos judiciales y administrativos, como reglas de notificación, autorización para diligencias especiales y la obligación de impugnar resoluciones que afecten los intereses del Estado.
Finalmente, la iniciativa refuerza la obligación de colaboración de todas las entidades públicas con la PGN y amplía sus facultades para actuar de forma urgente en la protección de niñas, niños y adolescentes.
En conjunto, la iniciativa 6594 busca fortalecer el rol institucional de la Procuraduría General de la Nación, mejorar la defensa jurídica del Estado y consolidar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
