La normativa refuerza el deber de colaboración de todas las entidades públicas con la PGN y amplía sus facultades para actuar de manera urgente en casos relacionados con la protección de la niñez y adolescencia.
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Durante la 12 sesión ordinaria del pleno, este martes 24 de febrero, el Congreso de la República aprobó el Decreto 7-2026, el cual contiene la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Previo a la votación, diputados discutieron la importancia de dotar a la institución de un marco legal propio. Legisladores señalaron que, hasta ahora, la organización y funcionamiento de la PGN se regían parcialmente por disposiciones vinculadas al Ministerio Público, lo que generaba vacíos normativos y limitaciones administrativas.
Este martes el Congreso aprobó la Iniciativa de Ley 6594, que dio vida al Decreto 7-2026 La nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN) pic.twitter.com/eUDfCJsN7E
Con la nueva ley, la PGN queda definida como una institución pública de carácter constitucional, con autonomía administrativa y financiera, responsable de la asesoría y consultoría jurídica de los órganos del Estado, así como de la representación legal y defensa de los intereses estatales, bajo el principio de legalidad.
Nueva estructura
La normativa establece una estructura orgánica encabezada por el Procurador General de la Nación y regula de forma específica las funciones de los subprocuradores y áreas administrativas.
Entre los cambios más relevantes se incorpora la figura del Subprocurador de Defensa del Estado, quien podrá sustituir temporalmente al Procurador General, dirigir estrategias de litigio y asumir la representación del Estado cuando así se le delegue.
Asimismo, se fortalece la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, encargada de representar legalmente a niñas, niños y adolescentes sin tutor, promover medidas de protección, intervenir en procesos judiciales y coordinar el Sistema de Alerta Alba-Keneth.
Gestión administrativa
La ley también regula la Dirección General Administrativa Financiera, responsable de la planificación institucional, la ejecución presupuestaria y la gestión interna.
Además, establece disposiciones comunes para los procesos judiciales y administrativos, incluyendo reglas sobre notificaciones, diligencias especiales y la obligación de impugnar resoluciones que afecten los intereses del Estado.
Finalmente, la normativa refuerza el deber de colaboración de todas las entidades públicas con la PGN y amplía sus facultades para actuar de manera urgente en casos relacionados con la protección de la niñez y adolescencia.
Esta ley busca consolidar la autonomía institucional de la Procuraduría General de la Nación, fortalecer la defensa jurídica del Estado y robustecer los mecanismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
