Las autoridades legislativas y municipales coordinan acciones para catalogar como delito el apartar parqueos.
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Autoridades estatales coincidieron en que la problemática de los llamados apartaparqueos, es decir, personas o grupos que ocupan ilegalmente apartan espacios de estacionamiento público para cobrar por su uso, se ha convertido en un fenómeno que supera los límites de la ciudad de Guatemala y se expande a otros departamentos del país.
Durante una reunión interinstitucional, el diputado Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, señaló que el objetivo principal es integrar una mesa técnica para profundizar en la situación y establecer acciones concretas que frenen estas prácticas.
Un problema que rebasa la capacidad operativa
Fernando Samayoa, representante de Emetra, informó que, a pesar de los operativos constantes para retirar obstáculos instalados en la vía pública, las personas involucradas regresan de inmediato y vuelven a colocar llantas, conos, piedras y otros objetos.
Según la entidad, esta actividad comienza desde las cinco de la mañana y, en muchos casos, es difícil identificar a los responsables, pues no portan documentos de identificación o brindan datos falsos.
Las áreas que más afectan a los conductores en Ciudad Guatemala son mercados, hospitales, clínicas y centros educativos, según lo indicó Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Además, Montejo explicó que, en lo que va de 2025, se han retirado unos 20 mil objetos utilizados para ocupar espacios públicos y se han detectado personas denominadas "cuida carros" que cobran entre Q10 y Q30 diarios por estacionamiento. En algunos casos, a turistas extranjeros incluso se les exige el pago en dólares.
Emetra afirmó que existen indicios de que grupos familiares y pandillas están apropiándose de sectores completos, especialmente en las zonas 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 de la capital. No obstante, la entidad señaló que aún no existe un protocolo que permita sancionar o identificar plenamente a los implicados, y que los vecinos, por temor, se rehúsan a brindar información.
Ausencia de regulación
Autoridades de la Policía Nacional Civil reconocieron que la falta de un mecanismo legal específico limita su capacidad para desalojar a estas personas. Reportó que ciudadanos han denunciado amenazas y daños a sus vehículos cuando se niegan a cancelar el monto.
Aunque se han realizado intervenciones aisladas, la institución indicó que no existe un procedimiento claro y colabora principalmente mediante denuncias personalizadas.
La PNC también advirtió que algunos apartaparqueos podrían estar colaborando con estructuras dedicadas al robo de vehículos, tomando en cuenta ciertas características de los casos registrados, especialmente en la zona 1.
La creación de un modelo de persecución
El Ministerio Público subrayó que actualmente no existe una figura delictiva específica que catalogue esta actividad como delito ni la sancione, por lo que se evalúa diseñar un modelo de persecución penal que permita clasificar correctamente estas acciones. La Fiscalía de Persecución Penal considera necesario elaborar protocolos de actuación, perfiles de los organizadores y analizar si se trata de estructuras criminales formales.
Las autoridades explicaron que la problemática, que inicialmente surgió como una actividad informal para obtener ingresos, ha evolucionado hacia dinámicas propias del crimen organizado. Por ello, insistieron en que la prevención y la coordinación con el Ministerio de Gobernación y la PNC son fundamentales para construir un enfoque integral.
Necesidad de legislación
El diputado Rivera afirmó que esta práctica puede considerarse una forma de extorsión, pues muchos conductores pagan el monto de forma casi obligatoria por miedo a represalias. Señaló además que el único autorizado para cobrar por parqueos en la vía pública es Emetra, por lo que se trabaja en una iniciativa de ley que ordene el uso de las calles de la ciudad.
Tanto Emetra como la PNC coincidieron en que se requieren sanciones más efectivas, patrullajes coordinados y operativos sorpresa para iniciar la identificación de los responsables. El MP, por su parte, consideró indispensable crear protocolos que garanticen seguridad a los denunciantes, pues muchas personas temen colaborar por represalias de los grupos que operan en cada zona.
Expansión del problema
Las autoridades confirmaron que la problemática ya no se limita al municipio de Guatemala y ha comenzado a replicarse en otros departamentos. Por ello, la mesa técnica buscará crear un protocolo interinstitucional que pueda aplicarse en todo el país.
Mientras tanto, Emetra informó que continúa realizando entre tres y cuatro operativos mensuales para levantar obstáculos, cuyo destino se decide conforme al protocolo; si están en buen estado, un juez puede ordenar su devolución; si no, son desechados en el vertedero municipal.
Las instituciones coincidieron en que la clave es aplicar las leyes existentes, fortalecer la coordinación y dar los primeros pasos para convertir esta problemática, que afecta la movilidad, la economía familiar y la seguridad ciudadana, en un delito claramente tipificado y sancionable.
En conclusión, las instituciones coincidieron en la necesidad de:
- Crear un protocolo interinstitucional para atender de forma integral la problemática.
- Realizar operativos sorpresa y patrullajes coordinados.
- Identificar perfiles de líderes y grupos involucrados.
- Clasificar el fenómeno como delito individual o estructura criminal.
- Utilizar plataformas tecnológicas para mapear horarios y puntos críticos afectados.
La propuesta es desarrollar mesas técnicas desde este mes de diciembre debido a la afluencia de personas, y extender los protocolos a otros departamentos, ya que el problema ha comenzado a replicarse fuera de la capital.
