Congreso inicia sesión con retraso y con expectativa por posible aprobación de Ley Antilavado
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La sesión plenaria de este martes 12 de mayo en el Congreso comenzó con una hora y 20 minutos de retraso y con la presencia de 65 diputados en el quorum.
La jornada legislativa se desarrolla en medio de altas expectativas por la posible aprobación de la Ley Antilavado.
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#EnVivo: 31ª #SesiónOrdinariaAdicional de la #XLegislatura del Congreso de la República. 12/05/2026 https://t.co/4ko9YXMnCz
El tema vuelve al pleno luego de que el pasado 5 de mayo la propuesta no alcanzara los votos suficientes para continuar su trámite legislativo.
Desde entonces, diputados han sostenido reuniones y negociaciones para intentar reunir los consensos necesarios durante la sesión de este martes.
La iniciativa busca fortalecer los controles contra el lavado de dinero y otros mecanismos vinculados al financiamiento ilícito. Una ley en la que Guatemala mantiene presión internacional para reforzar este tipo de normativas
Cinco puntos para entender la Ley Antilavado
1. ¿Qué implicaciones tiene el retraso del dictamen frente a la evaluación internacional?
La Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene dos componentes:
- a. El cumplimiento técnico, el cual analiza si el país cuenta con los requisitos que establecen las 40 Recomendaciones del GAFI, y
- b. La efectividad, que mide si el sistema antilavado de dinero u otros activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva funciona en la práctica y produce resultados verificables.
En ese sentido, la metodología del GAFI exige demostrar implementación real por parte del país, tales como las investigaciones iniciadas, casos judicializados, sanciones aplicadas y cooperación internacional operativa. Por ello, si una reforma legal, se aprueba muy próxima del inicio de la evaluación mutua, el país no contará con tiempo suficiente para demostrar resultados de efectividad asociados al nuevo marco legal, lo cual podría impactar en el resultado de la evaluación.
En ese contexto, resulta indispensable que la Iniciativa de Ley sea aprobada a la mayor brevedad posible. Asimismo, es fundamental que el Organismo Ejecutivo conozca y apruebe la consecuente propuesta de reglamento técnico que hará la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial.
2. ¿Qué cambios propone la iniciativa 6593?
La Iniciativa de Ley 6593 no propone simplemente cambios mínimos o ajustes cosméticos, sino que constituye una
reforma integral y una actualización profunda del sistema preventivo y represivo guatemalteco en materia del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa busca actualizar la normativa vigente, la cual ya cuenta con 25 años de antigüedad.
Para que esta actualización integral sea efectiva y exitosa en la evaluación de GAFILAT de 2027, la implementación debe fortalecerse bajo los siguientes pilares técnicos:
- Supervisión Basada en Riesgo -SBR-;
- Inclusión de Sectores de Alta Vulnerabilidad (tales como notarios y proveedores de servicios de activos virtuales);
- Transparencia del Beneficiario Final;
- Régimen Sancionatorio Proporcional;
- Actualización de los tipos penales de LD/FT; e,
- Implementación de mecanismos para la efectiva aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por lo anterior es importante recalcar que la iniciativa de ley 6593, al ser un marco legal integral, es necesario que sea aprobada en su totalidad.
3. ¿Es negociable incluir a abogados y notarios como sujetos obligados?
La inclusión de los Abogados y Notarios como Personas Obligadas (PO) no es un punto negociable desde la perspectiva técnica, ya que constituye un requisito imperativo de los estándares internacionales.
El Informe de Evaluación Mutua de Guatemala, publicado en el año 2016, así como los ejercicios de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) han identificado a estos profesionales con un nivel alto de vulnerabilidad al lavado de dinero, por lo que su exclusión impactaría en la calificación de cumplimiento de los estándares por parte de Guatemala.
Según el enfoque técnico, esta medida responde a estándares internacionales y no es negociable, aunque prevé obligaciones proporcionales según el tipo de actuación profesional.
Para no afectar la calificación de efectividad en 2027, la iniciativa de ley propone un régimen de sujeción proporcional, donde el profesional solo asume obligaciones preventivas cuando autoriza actos profesionales, como la compraventa de inmuebles o la constitución de sociedades. Este diseño técnico permite cumplir con el estándar internacional sin desnaturalizar la función notarial.
4. ¿Qué información se maneja en esta fase preparatoria por parte de GAFI?
Al momento, ni el GAFI ni el GAFILAT han requerido información en el marco de la Evaluación Mutua; sin embargo, previamente al inicio de la misma (febrero 2027), Guatemala está en una fase preparatoria, para lo cual se encuentra recopilando información de manera anticipada, que incluye principalmente, lo relacionado con el marco jurídico, los medios coercitivos aplicables, medidas preventivas aplicadas por las Personas Obligadas, facultades y procedimientos de las autoridades competentes, así como la evaluación del marco institucional en su conjunto.
En cuanto a hacer pública la información recopilada por todas las partes involucradas y que será útil para sustentar la evaluación, la metodología del GAFI establece que la referida información debe mantenerse en carácter reservado hasta la finalización del proceso y la posterior publicación del Informe de Evaluación Mutua.
5. ¿Qué riesgos enfrenta el país si la reforma no avanza?
Si la Iniciativa de Ley no se aprueba con la urgencia necesaria, el país podría ver afectado su nivel de cumplimiento frente a los estándares internacionales. Esto incrementaría el riesgo de ser incluido en los listados de países no cooperantes (lista gris del GAFI), lo que deterioraría la confianza internacional y podría traducirse en la pérdida o restricción de corresponsalías bancarias, así como en mayores costos para realizar operaciones internacionales, afectando directamente exportaciones, importaciones y remesas.
En consecuencia, las transacciones se volverían más lentas, más costosas y operativamente más complejas, impactando a empresas, usuarios y sectores que dependen del comercio y de flujos financieros internacionales.
