El 2 de octubre de 2023 comenzó una serie de manifestaciones que se extendieron por meses, en rechazo a lo que se denominó un intento de golpe de Estado.
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Por medio de un punto resolutivo, el Congreso de la República reconoció un movimiento que se inició a principios de octubre de 2023, después de una serie de acciones que incluyó el secuestro de actas electorales por parte del Ministerio Público (MP).
Por iniciativa de la alianza, que hasta este momento domina en el Legislativo, se decidió agradecer "al pueblo de Guatemala por su lucha en favor de la democracia".
La propuesta obtuvo el respaldo de 98 diputados, quienes votaron a favor de esa resolución, que, si bien no es vinculante, destaca el papel que jugaron organizaciones indígenas y distintos sectores de la sociedad en los hechos que se registraron después de las elecciones.
Una de las parlamentarias que votó en contra fue Lucrecia Marroquín, de Unionista, quien opinó que las manifestaciones que se desarrollaron después de las elecciones de 2023 fueron negativas para el país y un mal legado para la juventud.
Así nació el movimiento
Desde el pasado 2 de octubre, líderes indígenas tomaron turnos para permanecer frente al edificio del MP y hacer notar su descontento por las actuaciones de la fiscal general, Consuelo Porras.
Además, dejaron clara su postura contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez que ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla, Fredy Orellana, y otros actores políticos, incluido el entonces presidente Alejandro Giammattei.
Dos días antes de que se iniciara ese movimiento, que incluyó bloqueos de carreteras durante más de dos semanas, la FECI efectuó un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde secuestró 125 mil actas electorales.
Hasta ahora, no se ha informado sobre la devolución de esos documentos, que, según el ente investigador, son parte de la evidencia en un caso que está bajo reserva.
El plantón en la sede del MP permaneció hasta el 14 de enero, tal como lo habían informado autoridades ancestrales, pues su objetivo era garantizar el traspaso del mando presidencial.
Los magistrados Mynor Custodio y Blanca Alfaro hacen esfuerzos por impedir el secuestro de actas electorales. pic.twitter.com/gUUoqeAn2F
