En el Legislativo hay varias propuestas que buscan devolver al Presidente la potestad de remover al jefe del MP.
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Tras la fallida reunión entre el presidente Bernardo Arévalo, su gabinete de gobierno y la fiscal general, Consuelo Porras, han vuelto a cobrar relevancia las iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso en busca de flexibilizar los criterios para la remoción de quien ocupase el último de estos puestos.
Solo en octubre de año pasado, cuando estaban en un punto álgido las manifestaciones contra Porras, otros fiscales y el juez Fredy Orellana, se presentaron cuatro propuestas de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), todas centradas en la destitución del fiscal general.
Hasta ahora, ninguna de ellas ha sido conocida por el pleno de diputados, por lo cual no han comenzado el proceso para su aprobación. No obstante, hace una semana la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq-URNG, planteó la posibilidad de discutir el tema en el hemiciclo parlamentario.
Esto provocó distintas reacciones entre los jefes de bloque, quienes no lograron acuerdos para incluir en la agenda de las siguientes sesiones plenarias alguno de esos proyectos.
Por persecución política
La primera propuesta presentada en octubre pasado estuvo a cargo del exdiputado Aldo Dávila, quien planteó como causal de remoción "el exceso de facultades en la persecución política" y la generación de "inestabilidad institucional y conflictividad social".
Esta iniciativa se registró con la nomenclatura 6299 y también establece que el fiscal general podría ser destituido si, producto de una evaluación, se comprueba que ha tenido un mal desempeño.
Adicionalmente, habla sobre una separación del cargo en caso de procesamiento judicial o prisión preventiva; empero, hace ver que si el funcionario sale bien librado del proceso podría retomar sus labores.
Tales aspectos ya se habían sugerido en 2019, mediante el proyecto 5634.
A solicitud de la población
La propuesta de Dávila añade que el jefe del MP tendría que dejar el puesto si hay una solicitud escrita firmada por un mínimo de 5 mil ciudadanos, quienes tendrían que acreditar su identidad por medio de su código único de identificación.
Esto también lo contempla la iniciativa 6300, en la cual se indica que tras recibir la petición el fiscal general tendría que ser suspendido y someterse a una investigación. Sería el Presidente de la República quien notifique al respecto a la Corte de Constitucionalidad (CC), para las indagaciones respectivas.
Por mal desempeño
Otro proyecto que fija el mal desempeño del jefe del MP como motivo para su remoción es el 6304. Este indica que el funcionario tendría que someterse a una evaluación anual, a cargo del mandatario de la nación.
Según lo planteado en la iniciativa, después de examinar el desarrollo de sus funciones, el Presidente tendría que decidir sobre la continuidad de fiscal general por un año más.
Igual que las propuestas anteriores, esta plantea causa de remoción el haber cometido un delito doloso, pero agrega la imparcialidad en la investigación o inclinación política en el planteamiento de un caso.
Con aval de la CC
Otra iniciativa que se refiere a la investigación del jefe del MP, en caso de sospecharse que no realiza su trabajo adecuadamente, es la 6303 y nuevamente involucra a la CC.
Esta propuesta indica que el Presidente de la República, habiendo ordenado la indagación, tendría que presentar los resultados ante la Corte, cuyo pleno debería emitir su opinión.
Si los magistrados coincidieran en que el funcionario tiene un mal desempeño, avalaría al gobernante para proceder a la destitución.
¿Aplicaría a Consuelo Porras?
Ahora bien, aunque los mencionados proyectos de ley tienen dedicatoria, pues se han presentado durante el mandato de la actual fiscal general, Consuelo Porras, la duda es si, de aprobarse, permitirían su destitución.
Consultados al respecto, el subjefe del bloque Todos, Byron Rodríguez, y el dirigente de la bancada Valor, Elmer Palencia, coincidieron en que, debido a que las leyes no son de carácter retroactivo, tales disposiciones solo podrían tomarse en cuenta para casos futuros.
Empero, el abogado constitucionalista Alexander Aizenstatd no opina lo mismo. De hecho, recordó que en 2016, cuando se modificó la Ley Orgánica del MP para que no se pudiera remover al jefe esa institución sin que hubiera una condena penal, la disposición aplicó para quien entonces dirigía la institución, Thelma Aldana.
Aparte, hizo ver que el artículo 251 de la Constitución Política de la República solo establece como motivo de remoción una "causa justificada debidamente establecida", sin hacer ninguna especificación. "Este artículo está vigente desde 1986", insistió.
Además, indicó que una vez se aprobaran las modificaciones y entraran en vigencia, el funcionario correspondiente se tendría que someter a ellas.
