La postura del órgano electoral se da en medio de las solicitudes de diversos sectores que piden aprobar la Ley Antilavado.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que la aprobación de la denominada Ley Antilavado sería beneficiosa para el proceso electoral guatemalteco, al considerar que la normativa permitiría fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización de las organizaciones políticas.
La postura del órgano electoral fue dada a conocer durante una conferencia de prensa, en la que periodistas consultaron al pleno de magistrados sobre su posición respecto a la iniciativa de Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
En respuesta, el magistrado vocal IV del TSE, Quelvin Jiménez, señaló que la normativa representaría una herramienta importante para mejorar el control sobre el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos.
"Sería una muy buena herramienta que permitiría transparentar y permitiría fiscalizar de una mejor manera los procesos de los partidos políticos", afirmó el magistrado.
Efectos positivos en proceso electoral
Jiménez añadió que, desde la perspectiva del TSE, la aprobación de la legislación tendría efectos positivos sobre el desarrollo de los procesos electorales que actualmente prepara la institución.
"Entonces, sí, sería de mucho beneficio para el proceso electoral que estamos trabajando", indicó el funcionario.
Las declaraciones del magistrado se producen en medio de una creciente presión de distintos sectores económicos, financieros e institucionales para que el Congreso de la República apruebe la iniciativa antes de la evaluación internacional que Guatemala enfrentará en febrero de 2027 ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En los últimos días, entidades como la Superintendencia de Bancos, la Cámara de Finanzas de Guatemala y el propio Gobierno de Guatemala han advertido sobre las consecuencias económicas y reputacionales que podría enfrentar el país si no actualiza su legislación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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El presidente Bernardo Arévalo también pidió públicamente al Congreso aprobar la normativa, al asegurar que se trata de una herramienta clave para combatir el narcotráfico, fortalecer los mecanismos contra la corrupción y preservar la estabilidad financiera del país.
Además, autoridades financieras han advertido que el retraso en la aprobación podría afectar la percepción de riesgo internacional sobre Guatemala, incrementar controles financieros y elevar costos en operaciones vinculadas con remesas, corresponsalías bancarias y comercio exterior.
La iniciativa de Ley Antilavado no logró ser aprobada durante el primer período ordinario de sesiones del Congreso, por lo que distintos actores esperan que el tema sea retomado en futuras sesiones extraordinarias.
