Juristas consultados analizan el alcance y los efectos legales del reciente mensaje a la nación del presidente Bernardo Arévalo, donde arremetió contra la fiscal Consuelo Porras y el Juez Orellana. Expertos señalan que el pronunciamiento es principalmente político y podría constituir una interferencia de poderes, recordando que la CC amparó a la Fiscal General, ordenando al Ejecutivo abstenerse de atentar contra su mandato y cumplir con el Principio de Legalidad.
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Desde interferencia de poderes, hasta un pronunciamiento político sin efectos legales, juristas consultados se refieren al pronunciamiento que emitió el presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional y analizan el contenido y alcance de sus declaraciones.
En su mensaje, Arévalo calificó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez séptimo de Primera Instancia Penal como "enemigos de nuestro país". También dijo que solicitaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la remoción de este último.
Sin embargo, expertos traen a colación el amparo otorgado el 7 de mayo de 2024 a la fiscal general por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC) el cual ordenó al presidente abstenerse de atentar contra su mandato.
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Al respecto, el abogado Diego Sagastume Vidaurre, comentó que la conferencia de Arévalo "fue una clara interferencia de poderes. Es decir, el Ejecutivo le está pidiendo al Judicial que no lo moleste y por ende, retire a un funcionario que siguió los procedimientos para pertenecer a la carrera judicial", indicó.
Agregó que el presidente también estaría atentando contra la independencia del MP, cuya principal función es la investigación y ser el ente acusador "porque no quiere que se lleven a cabo las investigaciones que la propia sentencia del 14 de diciembre de 2023, dentro del expediente 6175-2023, de la CC, se indicaban", describió.
En conclusión, Sagastume considera que el MP y el juez Orellana "están haciendo su labor. A él (Arévalo) es al que no le gusta o no conviene el resultado de todo, por eso es que no los quiere en puestos de decisión y solicita su retiro y desconocimiento a nivel internacional".
Para el abogado Moisés Galindo, el discurso de Arévalo se quedó en un pronunciamiento de tipo político. "Aún no hay acciones para que la CC actúe en defensa del orden constitucional", expresó.
"La principal función de la CC es defender el marco constitucional, vivimos en una República y el poder está dividido. Al presidente, la CC le pide respetar el principio de legalidad, él no puede hacer nada que la ley no le faculte", agregó Galindo y remarcó que tanto el Ejecutivo, como el MP y la CSJ deben también cumplir con su mandato legal.
Sobre una eventual intervención de la CC en la problemática que mantiene Arévalo con la fiscal general y el juez Orellana, el experto comentó que aún no se llega a los niveles de 1993, cuando la máxima Corte tuvo que intervenir en defensa de la Constitución durante "El Serranazo".
En el caso del amparo concedido a la fiscal en mayo de 2024, Galindo enfatizó que fue para recordarle al presidente que puede hacer todo lo que le faculta la ley y mantenerse dentro del principio de legalidad y no incurrir en actos que rompan el mandato establecido.
Conflicto entre Arévalo y Porras
El enfrentamiento entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras es un conflicto de poderes que se agudizó durante el proceso electoral. El mandatario ha intentado destituirla desde su toma de posesión, desatando múltiples acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
El 7 de mayo de 2024, la CC amparó provisionalmente a Consuelo Porras para evitar su remoción, recordando al Ejecutivo su deber de respetar el principio de legalidad y la independencia del MP.
En su mensaje a la nación del 26 de octubre, además de arremeter contra funcionarios, el presidente Arévalo recurrió a la invocación de la Carta Democrática Interamericana. Esto sitúa la pugna interna en la esfera de los mecanismos internacionales.
