21/10/2020

  • Comunidad

Declaran Archivo Histórico de la Policía como Patrimonio Cultural

  • Por Fredy Hernández
15 de octubre de 2020, 08:10
El acuerdo fue publicado este jueves en el Diario de Centro América. (Foto: Archivo)

El acuerdo fue publicado este jueves en el Diario de Centro América. (Foto: Archivo)

El Ministerio de Cultura y Deportes publicó este jueves el Acuerdo Ministerial 934-2020 en el que se declara el Archivo Histórico de la Policía Nacional como Patrimonio Cultural de la Nación.

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El acuerdo destaca que este material constituye un patrimonio documental para la ciudadanía del país, y que ha contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que facilita el accesos a los archivos como parte del cumplimiento y obligación del Estado para garantizar el derecho al acceso a la información pública.

Ante esta circunstancia, el archivo debe ser objeto de protección, conservación y preservación.

“El Archivo General de Centro América, como Unidad Administrativa de la Dirección Técnica de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, deberá velar porque la documentación que compone dicho Fondo Documental, cumpla con las normas de conservación y resguardo que se requiere”, explica el artículo 2 de este acuerdo.

Este acuerdo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Amparo provisional

A principios de este año, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional que garantizaba la protección, conservación, resguardo y funcionamiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional.

El amparo fue otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en contra del Ministerio de Gobernación, que se había negado a renovar los acuerdos de cooperación que garantizaban el resguardo y conservación del Archivo.

El permaneció oculto durante muchos años, pero un grupo de la PDH los descubrió por accidente en 2005, en unas oficinas olvidadas de Gobernación.

Desde ese entonces y gracias a los documentos, se permitió procesar de manera judicial a violadores de derechos humanos, entre ellos agentes de la extinta Policía Nacional (PN).

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