Ejecutivo argumenta que el Congreso debió actuar conforme a lo que manda la Constitución.
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Mediante un comunicado, el Gobierno de Guatemala informó que presentará las acciones legales para impedir que el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) entre en vigencia.
La tarde de este martes el Congreso de la República aprobó el Acuerdo 6-2025 con el voto favorable de 86 diputados y con el cual da por sancionado el referido decreto al indicar que el veto que recibió por parte del Organismo Ejecutivo no está vigente y, por lo tanto, ordena que se publique en el Diario Oficial.
"El Decreto 7-2025 fue vetado y devuelto dentro del plazo constitucionalmente establecido y cumplió todos los requisitos. Es una expresión clara de la decisión del Presidente de la República de no sancionar una iniciativa que, evidentemente, era inconstitucional", afirma el comunicado del Gobierno.
El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/kjMP0xMrTv
El texto señala que el "Congreso debió conocerlo y actuar conforme a la Constitución", pero que 86 diputados "con argucias, argumentos incorrectos y espurios, retorcieron el procedimiento".
"Ante esto, el Gobierno presentará las acciones legales respectivas para hacer valer esta decisión e impedir que una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público entre en vigencia", precisa el comunicado.
Argumenta inconstitucionalidades
El lunes 6 de octubre el Ejecutivo publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 182-2025 publicado en el Diario de Centro América, el Organismo Ejecutivo anunció las razones por las cuales vetó el Decreto Número 7-2025.
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En dicho acuerdo, el Ejecutivo precisa las observaciones por las cuales considera que el referido decreto contiene inconstitucionalidades, razón por la cual se tomó la decisión de vetarlo desde el pasado viernes 3 de octubre.
Entre sus argumentos señala que la legislación vulnera el principio de seguridad jurídica constitucional, permitiendo la arbitrariedad en el uso de la hacienda pública.
También asegura que el referido decreto contradice las condiciones y porcentajes de desembolsos vigentes establecidos en el artículo 45 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Otro de los argumentos que el Ejecutivo señaló es que, en el referido Decreto, la figura doctrinaria del "silencio administrativo positivo" se pretende implementar en los trámites entre dependencias, sin considerar el bien jurídico que tutela cada institución por ley.
