Entre señalamientos de errores y malas interpretaciones de la ley, 86 diputados lograron asegurar la vigencia del Decreto 7-2025.
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Un presunto error cometido por el Ejecutivo al vetar el Decreto 7-2025, que favorece a los consejos de desarrollo (Codedes), permitió que diputados de oposición dieran por sancionada la normativa, garantizando así que cobre vigencia.
Tal disposición quedó establecida en el Acuerdo 6-2025 del Congreso de la República, que fue aprobado con 86 votos favorables, pese al rechazo del oficialismo y sus aliados.
Fue el diputado Álvaro Arzú Escobar quien evidenció la supuesta falla cometida al emitir el veto presidencial. Según indicó, al no incluir un artículo sobre la vigencia en la norma que rechazaba el decreto en favor de los Codedes, se incumplió el plazo constitucional. Así lo explicó:
Así explicó el diputado Álvaro Arzú Escobar el presunto error en el veto del Decreto 7-2025, que favorece a los Codedes pic.twitter.com/wOAPjWkgbi
Aunque Raúl Barrera, José Carlos Sanabaria y otros diputados oficialistas negaron que hubiera tal error, pues ha habido otras normas publicadas sin el mencionado artículo, no lograron el respaldo necesario.
Este es el acuerdo que se emitió este día y que garantizaría la vigencia del Decreto 7-2025:
"Enredo jurídico"
Durante la discusión, el diputado José Chic calificó lo ocurrido con el veto presidencial como un "enredo jurídico", y cuestionó si el "error" cometido por el Ejecutivo "fue a propósito" para propiciar que se "favorezca a los Codedes".
El parlamentario, igual que su compañero Orlando Blanco, se refirió a posibles amparos y otras acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para dejar sin efecto lo actuado en la sesión plenaria de este martes.
Además, llamaron al presidente Bernardo Arévalo y a su equipo a evitar caer en "fallos como este" que fueron"aprovechados" por la oposición.
Una ley polémica
Desde que fue aprobado, el Decreto 7-2025 generó diversas reacciones, tanto dentro como fuera del Legislativo.
Por una parte, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, y otros alcaldes, consideran que la normativa permitiría agilizar la ejecución de proyectos locales. En la contraparte, tanques de pensamiento y otros sectores se refirieron al riesgo de "incentivar la corrupción" al permitir a los Codedes arrastrar fondos de manera interanual.
