La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática concluyó su visita a Guatemala, enfocándose en los próximos procesos de selección 2026 de altas autoridades.
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La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala concluyó hoy su primera visita oficial al país, la cual se realizó del 9 al 15 de noviembre de 2025.
Durante esta semana, se sostuvieron reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y universidades privadas, estudiantes, Colegio de Abogados y Notarios (CANG), organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas, sector privado, medios de comunicación y comunidad internacional.
Se destacó la centralidad de los procesos de elecciones que tendrán lugar en 2026, donde se involucra al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial, la democracia, la lucha contra la corrupción y la confianza de la ciudadanía guatemalteca en sus instituciones.
La Misión subraya la importancia de que los procesos de selección y designación de estas altas autoridades se realicen respetando estrictamente los plazos establecidos en la Constitución y la legislación guatemalteca, y hace un llamado a todos los órganos responsables, incluidos el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la CC, las comisiones de postulación, el CANG y las distintas universidades.
Con el fin de conducir los procesos con la debida planificación, evitando acciones que puedan afectar la renovación oportuna de las instituciones y generar incertidumbre sobre la continuidad del orden constitucional.
Por lo tanto, la Misión alienta a todas las entidades que deben elegir integrantes para las comisiones de postulación, así como a los entes electores, a hacerlo con criterios de idoneidad, independencia e integridad, pues de ello depende la posibilidad de seleccionar a autoridades con méritos profesionales, independencia, trayectoria ética y compromiso con el interés público.
USAC protagonista
En este sentido, la USAC al ser la única universidad pública y autónoma del país, es un actor clave en varias de las comisiones de postulación y designaciones de altas autoridades.
La Misión tomó nota de la responsabilidad que tiene esta universidad para contribuir a fortalecer el Estado de derecho y la democracia, así como de las preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre la situación actual de su Consejo Superior Universitario.
Además, subraya la importancia de que, de cara a los procesos de 2026, la USAC cumpla prontamente con la regularización y renovación del Consejo Superior Universitario conforme a la Constitución, la ley y la sentencia de la CC, de manera que su intervención goce de legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad guatemalteca.
De igual importancia son los mecanismos que las comisiones utilizarán para evaluar a los candidatos, incluyendo la tabla de gradación, la cual de manera responsable debe evaluar la idoneidad y honorabilidad de los aplicantes.
A partir de los insumos recogidos, la Misión considera esencial que cada etapa de los procesos de elección se rija por procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables.
La Misión enfatiza la importancia de la participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, periodistas y academia, en la veeduría de estos procesos, de conformidad con la ley.
Temor de los candidatos
La Misión resalta la importancia de la participación libre de candidatos y candidatas para que sean escogidos los mejores. Un mensaje reiterado a la Misión fue el temor, por parte de candidatas y candidatos potenciales, integrantes de comisiones de postulación, abogados, académicos, defensores de derechos humanos y otros actores clave, de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos.
Ante ello, la Misión expresa su seria preocupación por estas manifestaciones de temor, que pueden desalentar la participación de perfiles idóneos y debilitar la calidad de las futuras autoridades. En este sentido, llama a todas las instituciones del Estado, en particular al MP, a no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas y campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación o castigar decisiones adoptadas con independencia.
La Misión estima que el Estado, y particularmente la Procuraduría de Derechos Humanos en ejercicio de sus competencias y responsabilidades, debe brindar protección a los ciudadanos y ciudadanas frente a los ataques y amenazas por postularse a cargos, o por las decisiones que adopten legalmente como integrantes de las Comisiones de Postulación.
Nueva visita en 2026
La Misión continuará acompañando, de manera cercana y constructiva, los procesos de 2026. Además, visitará nuevamente el país en febrero de 2026 para continuar sosteniendo diálogos y formulará recomendaciones basadas en estándares interamericanos y buenas prácticas comparadas.
Finalmente, la Misión reiteró su respeto por la soberanía del Estado de Guatemala, así como su compromiso de trabajar con sus instituciones y la sociedad guatemalteca en su esfuerzo por fortalecer la democracia, la justicia y el Estado de derecho.
La Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala fue nominada por el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, por invitación del Gobierno de Guatemala y en el marco del mandato de la resolución OEA/AG/RES.2766 (XLIII-O/13) Promoción y Fortalecimiento de la Democracia.
Está integrada por Carlos Ayala Corao, abogado especializado en derecho constitucional y derechos humanos, hoy presidente de la Comisión Internacional de Juristas, y anteriormente presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); María Paulina Aguirre Suárez, abogada y magistrada, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador; y la doctora Marcela Ríos Tobar, Directora Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, y exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.
