El exdiputado Mario Rivera perdió un vehículo de su propiedad. Aseguró que lo compró con fondos propios, pero un juzgado resolvió que el excongresista no pudo demostrar el origen del dinero.
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El juzgado de Extinción de Dominio resolvió que una camioneta, propiedad del exdiputado Mario Rivera, pase a propiedad del Estado, ya que esta se habría adquirido de manera ilícita.
La camioneta está valorada en cerca de 400 mil quetzales y el excongresista del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder) no logró comprobar cómo la adquirió.
Según la investigación presentada por el Ministerio Público, Rivera compró esta camioneta con dádivas otorgadas por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, (Avemilgua).
Durante el juicio, el exdiputado aseguró que la adquirió de manera lícita.
Las acusaciones
En abril de 2018, el exdiputado fue capturado y acusado por el Ministerio Público y la entonces Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En ese momento acusaron a Rivera de lavado de dinero por movimientos bancarios de grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias.
La investigación contra Rivera se derivó del "Caso Kerkaporta", en el cual se tuvo conocimiento de la posible participación en actividades ilícitas y del ocultamiento de valores y bienes provenientes de las mismas (corrupción) por parte de funcionarios pertenecientes al Congreso de la República de Guatemala.
Se descubrieron inmuebles lujosos, uno de estos se encontraba en la calle principal de San Juan El Paraíso, de la Municipalidad de San José, en Puerto San José y otro frente a la costa pacífica en la calle principal de la calle Waikiki Iztapa, del departamento de Escuintla, los cuales pertenecían al entonces exdiputado Rivera Cabrera.
A raíz de esto, investigadores realizaron un estudio patrimonial, económico y financiero a Rivera Cabrera. El MP estableció que recibió en sus cuentas bancarias, entre 2004 y el 2015, la suma de 12.4 millones de quetzales (Q12,441,680.66), de los cuales incrementó su patrimonio en 7.3 millones de quetzaes (Q7,380,180.51).
También se determinó que este dinero en sus cuentas bancarias provenían de contratistas del Estado quienes pagaban al entonces diputado Mario Israel Rivera Cabrera, por obras realizadas principalmente en el departamento de Quiché.
En 2019 un juzgado lo envió a juicio por cohecho pasivo y lavado de dinero, pero su defensa apeló la decisión. En 2020, la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo del juzgado y ordenó que Mario Rivera enfrente juicio.