Un artículo publicado en el New Yorker relata el exilio de los actores anticorrupción que se han visto en la necesidad de salir del país por investigar a los más poderosos de Guatemala.
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En un artículo escrito por Jonathan Blitzer del New Yorker, se relata la travesía de cada uno de los actores de justicia que se vieron en la necesidad de abandonar Guatemala por sus investigaciones en contra de la corrupción y cómo desde que la actual administración tomó el cargo, más operadores de justicia han tenido que salir del país.
El artículo en mención cita el caso de "Comisiones Paralelas" que era investigado por varios fiscales, uno de ellos Rudy Herrera, quien describe cómo fue amenazado por un colega.
Los dos entraron en un baño de las instalaciones del Ministerio Público, donde no había nadie más alrededor. El colega de Herrera preguntó si había algo irregular en la investigación que lideraba Juan Francisco Sandoval y el caso en tribunales estaba siendo examinado por la jueza Erika Aifán. “O denuncias a algo sobre ellos, o te vas a meter en problemas”, dijo el colega de Herrera.
La investigación sobre Comisiones Paralelas, involucró a un grupo de operadores políticos y funcionarios públicos que conspiraron ilegalmente para colocar jueces favorables en dos altas cortes. La unidad anticorrupción élite del país, donde trabajaba Herrera, había expuesto a los perpetradores y los había llevado a juicio. Pero algunos miembros del gobierno actual estaban agitados (por el proceso), según se relata en la publicación.
A partir de ahí comenzó a recibir mensajes de advertencia y amenazas de sus propios colegas. Dicha situación continuó con la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia del país y según The New Yorker, la Fiscal General, Consuelo Porras parece estar alineada con "ciertos intereses".
Las acciones contra los actores anticorrupción tomaron un giro drástico con el despido de Sandoval, así como las solicitudes de retiro de antiejuicio a Aifán. Tanto Sandoval como Aifán tuvieron que salir de Guatemala e irse al exilio a Estados Unidos.
En cuanto a Herrera, presentó su renuncia, luego de ser alertado. “Estamos viendo información y van a ir tras de ti. El lunes por la mañana, debes irte con tu familia", le dijo un amigo. Nueve días después de su partida, y un día antes de que su familia llegara a Washington, D.C., el gobierno publicó una orden oficial pidiendo su arresto.
Desde 2018, se cuentan 22 jueces y fiscales anticorrupción guatemaltecos se han exiliado. Muchos de ellos viven en México, El Salvador y España, pero la mayor parte se concentra en y alrededor de D.C., detalla el New Yorker.
