Principales Indicadores Económicos

Buscan sustituir la Ley de Contrataciones del Estado

  • Por Susana Manai
03 de diciembre de 2025, 01:00
La Comisión de Finanzas dictaminará la iniciativa para que finalmente sea conocida por el Pleno del Congreso. (Foto ilustrativa: istock)

La Comisión de Finanzas dictaminará la iniciativa para que finalmente sea conocida por el Pleno del Congreso. (Foto ilustrativa: istock)

Iniciativa busca modernizar completamente los procesos de compra pública.

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El 2 de diciembre, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, presentó una mesa técnica de los avances relacionados con la iniciativa 6531, la cual busca reemplazar la actual Ley de Contrataciones del Estado. 

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la exposición, Estrada explicó que la iniciativa incorpora buenas prácticas internacionales, el uso de documentación estandarizada, adquisiciones automáticas mediante plataformas electrónicas, así como procesos y documentos completamente digitales y dinámicos.

Asimismo, incluye una mayor diversidad de métodos de adquisición, apertura al mercado internacional, procedimientos transnacionales, y un régimen especial para situaciones de urgencia y emergencia.

La propuesta contempla excepciones específicas para estos casos:

  • Emergencia: amparada en la Ley de Orden Público y su respectiva declaración a nivel nacional.
  • Urgencia: declarada por la autoridad superior de cada entidad, aplicable únicamente dentro de la institución correspondiente.

Nuevas modalidades de contratación

La iniciativa plantea al menos 13 modelos de adquisición, entre ellos:

  • Licitación Pública Nacional
  • Licitación Pública Internacional
  • Licitación Pública Limitada
  • Convenio Marco
  • Catálogo Electrónico
  • Subasta Electrónica Inversa
  • Comparación de Precios
  • Adquisición Directa
  • Baja Cuantía
  • Compras por Internet o en Línea
  • Convenios Interinstitucionales
  • Compras entre Estados
  • Principales cambios incorporados

Principales cambios de la iniciativa

En el articulado, se añadió la literal e) al artículo 2, incluyendo el principio de conservación del acto administrativo, el cual garantiza que, aun si se detectan irregularidades, se mantendrán válidos aquellos actos cuyo contenido no habría sido alterado de no haberse cometido la infracción.

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

El objetivo es asegurar la continuidad y eficacia de los procedimientos de adquisición.

En cuanto al artículo 6, relativo a adquisiciones excluidas, inicialmente solo contemplaba dos literales; ahora se incorporaron las literales c, d y e, ampliando el marco de exclusiones.

(Imagen: captura de pantalla)
(Imagen: captura de pantalla)

Además, se destacó la relevancia de que la nueva iniciativa sea concebida como descentralizada. Se explicó que no se optó por un modelo autónomo porque este tipo de entidades requiere independencia total del Ejecutivo, mientras que una estructura descentralizada permite modernizar y fiscalizar con mayor eficacia.

Al tratarse de un organismo que dependerá completamente del Estado, se determinó que debía adoptar un carácter descentralizado por razones financieras y por la necesidad de ordenar adecuadamente su funcionamiento.

(Imagen: captura de pantalla)
(Imagen: captura de pantalla)

Próximos pasos

Tras la presentación, la mesa técnica y su aprobación. Posteriormente, la Comisión de Finanzas dictaminará la iniciativa para que finalmente sea conocida por el Pleno del Congreso.

Alcance y apoyo internacional

La propuesta, que comenzó a discutirse en 2018 y fue presentada formalmente en abril, se ha desarrollado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Estrada señaló que la normativa, que podría denominarse Ley del Sistema Nacional de Adquisiciones del Estado, busca modernizar completamente los procesos de compra pública. Indicó que la legislación vigente "fue diseñada para contratar carreteras y medicinas, y ha sido parchada con el tiempo", mientras que la nueva estructura permitiría sistemas como puja electrónica, contratos llave en mano y compras entre estados.

Además, la iniciativa plantea la creación de una superintendencia rectora, encargada de fijar parámetros y participar en la resolución de controversias en proyectos.

La propuesta cuenta con respaldo de diputados oficialistas y de la Comisión de Comunicaciones, cuyos miembros figuran entre los ponentes del proyecto.

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