Diputados firman acuerdo de enmiendas a la Ley Antilavado en el Congreso

  • Por Susana Manai
01 de junio de 2026, 15:42
El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que la propuesta final cuenta con consenso político y respaldo técnico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que la propuesta final cuenta con consenso político y respaldo técnico. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los artículos 73 y 74 no serán modificados por el riesgo de afectar la evaluación del GAFI.

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La Instancia de Jefes de Bloque conoció este lunes 1 de junio el acuerdo final sobre las enmiendas a la iniciativa de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

El acuerdo ocurrió luego de varias semanas de análisis entre diputados, la Comisión de Economía y Comercio Exterior, la Junta Directiva del Congreso y representantes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que las dudas planteadas durante el proceso de enmiendas fueron resueltas mediante el diálogo.

"Aceptaron las enmiendas que la GAFI nos aceptó. La ley va limpia con recomendaciones aceptadas por la GAFI. Cualquier cambio que ellos firmaron hoy (lunes 1 de junio), fue aceptado por la GAFI. Creo que si mañana vemos esta ley tal como está, vamos a tener una buena ley para Guatemala", expresó.

Según indicó, todas las modificaciones incluidas en el documento final cuentan con el aval técnico de la IVE y son compatibles con las recomendaciones del GAFI.

La ley va limpia con recomendaciones aceptadas por la GAFI creo que si mañana vemos esta ley tal como está, vamos a tener una buena ley para Guatemala.
Luis Contreras
, Presidente del Congreso

Al ser consultado sobre si existe posibilidad de que sean presentadas nuevas enmiendas en el Pleno, expuso: "Nosotros ahorita cerramos aquí en esta sala el lugar para nuevas enmiendas. En el pleno puede haber una moción privilegiada, pero, mi sospecha es que no van a haber enmiendas".

Los equipos técnicos no recomendaron modificar los artículos relacionados con la autonomía y tipificación del delito de lavado de dinero. (Foto: Soy502)
Los equipos técnicos no recomendaron modificar los artículos relacionados con la autonomía y tipificación del delito de lavado de dinero. (Foto: Soy502)

El proceso de discusión de una segunda fase de enmiendas inició tras la suspensión de la sesión plenaria del pasado 12 de mayo, cuando diferentes bancadas presentaron alrededor de ocho nuevas enmiendas que no habían sido evaluadas previamente por la Comisión de Economía.

Contreras decidió detener la discusión para evitar la aprobación de cambios que pudieran afectar la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Guatemala a inicios de 2027.

Recuento de enmiendas

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, explicó que las ocho enmiendas presentadas fueron revisadas en reuniones posteriores y que cinco de ellas obtuvieron viabilidad técnica por parte de la IVE.

Entre los cambios consensuados se encuentra la modificación al artículo 2, que mantiene la definición de asociado cercano, amplía la definición de transacción y establece que una Persona Expuesta Políticamente (PEP) será considerada como tal desde el momento en que asuma el cargo y no desde su designación, nominación o elección.

Cinco nuevas enmiendas recibieron viabilidad técnica de la IVE tras semanas de negociación. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)
Cinco nuevas enmiendas recibieron viabilidad técnica de la IVE tras semanas de negociación. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

También se alcanzó un acuerdo sobre el artículo 25, relacionado con los familiares de las personas expuestas políticamente. La propuesta mantiene el primer grado de consanguinidad, aunque elimina los grados de afinidad que habían sido planteados inicialmente.

Otra de las enmiendas viables corresponde al artículo 52, que incorpora funciones de capacitación para la IVE, con el objetivo de que pueda elaborar guías y manuales que orienten a las personas obligadas sobre el cumplimiento de la normativa antilavado.

En el artículo 83 se acordó que las figuras de proposición, conspiración y tentativa reciban una reducción de un tercio de la pena aplicable al delito de lavado de dinero como ocurre actualmente con los delitos no consumados.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que la propuesta final cuenta con consenso político y respaldo técnico. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)
El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que la propuesta final cuenta con consenso político y respaldo técnico. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Mientras tanto, el artículo 111 fue modificado para limitar las obligaciones de los notarios únicamente a lo establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero y su reglamento, eliminando referencias más amplias a disposiciones emitidas por la SIB y la IVE.

Ayala señaló que, además de estas cinco enmiendas, continúan vigentes las 12 reformas y los dos artículos nuevos que previamente habían sido consensuados y aprobados por la Comisión de Economía.

Sin embargo, las propuestas de modificación a los artículos 8, 73 y 74 no fueron consideradas viables. Según explicó el legislador, cualquier cambio en esas disposiciones podría afectar negativamente la evaluación internacional que enfrentará Guatemala en febrero de 2027.

Disputa por artículos

Durante la reunión, el diputado Allan Rodríguez manifestó su preocupación por mantener intactos los artículos 73 y 74, los cuales regulan la autonomía del delito de lavado de dinero.

Indicó que la redacción actual podría generar conflictos constitucionales y abrir la posibilidad de que ciudadanos sean investigados únicamente por sospechas relacionadas con el origen de recursos económicos. 

Rodríguez indicó, como ejemplo, que una persona podría vender un vehículo, portar una cantidad considerable de dinero en efectivo y posteriormente enfrentar señalamientos por lavado de dinero.

En contraste, el diputado Juan Carlos Rivera defendió la propuesta al asegurar que la legislación busca perseguir a estructuras criminales y actos de corrupción, no a comerciantes o ciudadanos que puedan justificar de manera clara el origen de sus recursos.

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