El país se prepara para la revisión del Artículo IV entre mayo y junio mientras las autoridades y el sector privado analizan los retos en gobernanza y el cambio del motor económico.
OTRAS NOTICIAS: Guatemala mantiene solidez económica pese a crisis en Oriente Medio
Guatemala se prepara para enfrentar un examen económico determinante entre el 25 de mayo y el 6 de junio de 2026, período en el cual una misión técnica de alto nivel del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará al país para realizar la revisión anual del Artículo IV del Convenio Constitutivo de dicho organismo.
Esta evaluación no es un trámite administrativo ordinario, sino que representa una disección profunda de la coherencia de las políticas macroeconómicas, la estabilidad monetaria y la resiliencia del sistema financiero guatemalteco frente a un entorno global que se muestra volátil y desafiante para las economías emergentes de la región centroamericana.
La importancia de esta visita radica en que los resultados de la misión suelen ser el insumo principal para que los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo validen la salud financiera de la nación, especialmente en un contexto donde Guatemala busca alcanzar el grado de inversión.
Durante las semanas previas, tanto el Banco de Guatemala (Banguat) como el sector privado han afinado sus narrativas para demostrar que el país posee los fundamentos necesarios para ascender en su calificación crediticia, a pesar de las presiones inflacionaria externas y de los ruidos políticos que históricamente han actuado como anclas para el desarrollo institucional del Estado.
Estabilidad y motores internos
Esta supervisión del organismo multilateral encuentra a la economía guatemalteca en una posición de solidez monetaria que ha sido defendida consistentemente por las autoridades monetarias del país.
Álvaro González Ricci, presidente del Banguat y de la Junta Monetaria (JM), subrayó que la evaluación del FMI posee una profundidad distinta que se centra en la sostenibilidad de largo plazo.
González Ricci manifestó que, si bien el país se encuentra a solo un escalón del grado de inversión, la misión técnica se enfocará prioritariamente en la coherencia institucional y técnica de la gestión pública.
Respecto a la salud financiera de la nación y el impacto directo de la moderación en el consumo externo, González Ricci detalló la postura técnica de la institución central sobre el comportamiento de las divisas.
"La estimación del Banco de Guatemala anticipó que las remesas familiares estarían desacelerando este año a un valor central de 5%, ello sobre la base de las políticas antimigratorias del gobierno estadounidense que propiciaron un envío extraordinario el año pasado y que se estaría regularizando en el presente año", argumentó el funcionario.
Bajo esta premisa de normalización de flujos, el jefe de la banca central ha manifestado que la economía nacional debe transitar hacia un modelo que dependa menos del consumo financiado por remesas y más de la inversión productiva de alto impacto.
Según el análisis del Banguat, la meta es que el país logre superar de manera sostenible su crecimiento potencial del 3.5%, lo cual solo será factible mediante la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala y una apuesta decidida por el fortalecimiento del capital humano.
En cuanto al manejo de la política monetaria, la Junta Monetaria defenderá ante los expertos del Fondo una postura de prudencia extrema que ha logrado mantener la inflación dentro del rango meta, a pesar de que más del 50% del incremento de precios observado recientemente proviene de factores externos.
El argumento central de las autoridades es que los cambios en la tasa de interés líder han sido medidos cuidadosamente para no elevar el costo del dinero innecesariamente, garantizando que el crédito bancario siga fluyendo hacia los sectores que generan empleo formal en el país.
Avances bajo observación
Desde la perspectiva de la iniciativa privada organizada, representada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), los avances en gobernanza y transparencia logrados durante el último año son reales, pero se perciben todavía como pasos insuficientes para obtener un respaldo total de la comunidad financiera internacional.
La preocupación principal reside en la mora legislativa que afecta normativas críticas, las cuales son vistas por el FMI como precondiciones esenciales para garantizar un clima de negocios competitivo y libre de opacidades.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, vinculó la situación política actual con la necesidad imperativa de realizar reformas estructurales profundas en materia de transparencia y competitividad nacional.
"Los avances son reales, pero insuficientes para el 'espaldarazo definitivo' en 2026, pues aunque el FMI felicitó a Guatemala por progresos en la modernización de la Ley de Alianzas Público-Privadas, las prioridades legislativas clave como la Ley de Contrataciones siguen pendientes", enfatizo Zapata.
La postura de Fundesa subraya que el riesgo político guatemalteco es de carácter estructural, lo que exige que el Congreso agilice la aprobación de leyes como la normativa Integral contra el Lavado de Dinero (ALD/CFT).
Estas normativas no solo son requerimientos del FMI, sino piezas clave para que el país apruebe con éxito la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) prevista para el año 2027, un hito que determinará en gran medida el acceso de la banca nacional al sistema financiero global sin restricciones extraordinarias.
Sector productivo coincide en que para dejar de depender de las remesas y empezar a generar riqueza interna, el FMI calificará como "urgente" la necesidad de modernizar la infraestructura vial y fortalecer la certeza jurídica.
En el contexto de la revisión del FMI, Zapata plantea que el sector privado apoya la coordinación fiscal-monetaria recomendada por el organismo internacional.
Según su perspectiva, esta estrategia —que implica una menor emisión, más deuda interna y un menor costo de esterilización— es el camino para liberar espacio hacia tasas de interés más favorables al crédito sin sacrificar la estabilidad de precios (el ancla nominal) que ha caracterizado al país.
