Durante una citación en el Congreso se cuestionó la falta de resultados tras la fuga masiva de reos peligrosos de Fraijanes II.
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A varias semanas de haberse revelado la fuga de 20 pandilleros del centro carcelario Fraijanes II, el caso continúa sin responsables identificados y con más preguntas que respuestas sobre cómo operan las estructuras criminales dentro y fuera del sistema penitenciario.
En este contexto, la bancada VOS citó a autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) para conocer qué avances reales existen en las investigaciones y si las medidas anunciadas por el Ejecutivo.
A varias semanas de la fuga de 20 reos de Fraijanes II, el caso continúa sin responsables identificados y con más preguntas que respuestas sobre cómo operan las estructuras criminales dentro y fuera del sistema penitenciario.
: Wilder López @soy_502 #citación pic.twitter.com/R4YT4Mh3E3
Durante la citación, se recordó que Bernardo Arévalo, anunció, luego de la fuga, la conformación de una fuerza de tarea orientada a depurar el sistema penitenciario y determinar posibles actos de corrupción.
No obstante, el principal cuestionamiento giró en torno a si dicha fuerza de tarea se integró formalmente, cuál es su alcance y qué resultados concretos ha generado hasta el momento.
El comisionado de la CNC, Julio Flores, explicó que el abordaje se divide en dos planos. El primero es estructural y busca impulsar reformas al sistema penitenciario, fortalecer controles, reducir el hacinamiento y promover cambios legales para cerrar espacios a la corrupción. En este ámbito, la CNC actúa como acompañante técnico del Ministerio de Gobernación.
El segundo plano corresponde a la investigación administrativa para deducir responsabilidades por la fuga, una labor que, según se explicó, recae en el Ministerio de Gobernación conforme a sus protocolos internos, mientras que la investigación penal está a cargo del Ministerio Público.
Durante el intercambio, el diputado José Chic insistió en que el anuncio presidencial apuntaba a una fuerza de tarea anticorrupción para depurar el Ministerio de Gobernación, lo que refuerza las sospechas sobre la posible operación de estructuras internas y externas que facilitaron la fuga.
También se cuestionó la ausencia de resultados visibles para identificar a los responsables, más allá de señalamientos hechos por privados de libertad recapturados.
Por su parte, la inspectora general del Ministerio de Gobernación, Rossana Pérez Müller, indicó que el proceso administrativo se encuentra en una fase inicial y que se revisa la información disponible para deducir responsabilidades. Reconoció que parte de la documentación recibida inicialmente estaba incompleta y que se han solicitado nuevos informes para avanzar en el análisis.
La citación giró a la falta de respuestas claras sobre quiénes facilitaron la fuga, cómo operaron las redes de apoyo fuera de los centros carcelarios y por qué, a semanas del hecho, el caso continúa sin responsables visibles.
