Magistrados electos deberán organizar y llevar a cabo dos procesos electorales durante su gestión.
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El Gobierno se pronunció por la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y afirma que las nuvas autoridades deben actuar con independencia y apego a la Ley.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) respondió a las solicitudes de periodistas sobre si el Gobierno tenía una postura por la reciente elección de los magistrados electorales por parte del Congreso de la República.
"El Tribunal Supremo Electoral tiene una responsabilidad fundamental para la democracia del país: garantizar que la voluntad ciudadana se respete en las urnas", respondió la Secretaría.
En su pronunciamiento la institución destacó que "los magistrados electos tienen ahora el deber de actuar con independencia, transparencia y apego a la ley".
El mensaje de la SCSP finalizada al señalar que "el pueblo de Guatemala demanda instituciones democráticas que estén a la altura de esa responsabilidad".
Elección de magistrados
El 10 marzo el pleno de diputados del Congreso de la República logró acuerdos y eligió a los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes que integrarán el pleno del TSE que estará en funciones en el periodo 2026-2032.
Los magistrados titulares electos son Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariela Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.
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Mientras que los magistrados suplentes electos son Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner Klée.
Durante su gestión los magistrados electos tendrán a su cargo la organización y ejecución de dos procesos electorales el que tendrá lugar en el 2027 y el que se desarrollará en el 2031.
La conformación de la lista de 20 aspirantes que a la postre terminó en la elección de los 10 magistrados fue criticada por distintos sectores e incluso fue sujeta de acciones legales que no prosperaron.
