Mediante un comunicado, la Grenat manifiesta su preocupación por las decisiones que recientemente ha tomado la cartera de Ambiente.
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El pasado 31 de julio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció la cancelación de 10 licencias —instrumentos ambientales—, otorgadas a proyectos de exploración y explotación minera en la Sierra Santa Cruz, Livingston, Izabal.
Según el MARN, los instrumentos tenían "múltiples irregularidades" detectadas en su proceso de aprobación, razón por la cual también se presentaron 10 denuncias penales ante el Ministerio Público.
Posterior al anuncio de la cartera ambiental, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) lanzó un comunicado donde expresa "su profunda preocupación por la forma en la que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha vulnerado derechos adquiridos".
La Grenat asegura que la Constitución señala que "los funcionarios públicos están obligados a actuar únicamente dentro del marco de atribuciones que la ley les otorga expresamente".
"La certeza jurídica no solo protege los derechos adquiridos, sino que también constituye un pilar esencial para atraer inversiones responsables, fomentar el empleo y generar bienestar en las comunidades", precisa en el comunicado.
El documento señala que Grenat está comprometida "con una minería técnica, moderna, ambiental y socialmente sostenible" y hace un llamado para que "todas las decisiones se adopten dentro del marco de la legalidad, basadas en criterios técnicos y profesionales, y con estricto apego a los principios de transparencia y debido proceso".
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"La credibilidad del país como destino de inversión se sustenta en el respeto al Estado de Derecho, a la certeza jurídica y a los derechos adquiridos. Las decisiones arbitrarias, lejos de fomentar la inversión, la desincentivan", finaliza el pronunciamiento.
Sobre la cancelación de los instrumentos ambientales, el viceministro de Ambiente, Jorge Rodrigo Rodas, explicó que según un análisis de los expedientes se comprobó que ninguno de los 10 proyectos mineros cumplía con requisitos clave establecidos en el Reglamento de Control y Seguimiento Ambiental.
Rodas, explicó que el área afectada por los proyectos abarca más de 43 mil hectáreas, un territorio de gran riqueza ambiental que incluye bosques tropicales húmedos y bosques nubosos, hábitat de especies endémicas como el mono aullador y diversas especies de flora en peligro de extinción.
