Tras los disturbios ocurridos el miércoles 18 de junio en Livingston, Izabal, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, afirmó que la cartera a su cargo está atendiendo las preocupaciones expresadas por comunidades de la sierra Santa Cruz
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El altercado comenzó debido a que los comunitarios se oponen a la minería metálica en esa zona considerada vital para el abastecimiento de agua de al menos 54 comunidades del municipio.
Por lo tanto, Patricia Orantes explicó que el conflicto fue planteado inicialmente ante el Congreso por diputados distritales de Izabal, durante una reunión en la que participaron representantes comunitarios, así como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
En ese contexto, el MARN asumió dos compromisos clave: el primero, revisar si el otorgamiento de diez licencias mineras, ocho de exploración y dos de explotación, concedidas en 2023, cumplió con el debido proceso. El segundo, realizar un análisis de campo en la zona de los proyectos, con acompañamiento de líderes comunitarios.
Según la ministra, esta evaluación duró tres semanas y su informe final fue presentado el pasado 23 de mayo. El viceministro de Ambiente presentó hallazgos preliminares en Livingston y se comprometió a entregar el documento definitivo el 16 de junio. Aunque el informe fue enviado al gobernador, empresas mineras, comunidades y diputados distritales, Orantes criticó que durante la reunión en la que se abordó el tema no se permitiera su lectura, y se enfocara únicamente en la ausencia de los ministros.
"Los diputados no pueden citar a funcionarios fuera del Congreso; no tenemos obligación legal de acudir", recalcó Orantes, quien defendió que el MARN cumplió con entregar la información comprometida.
La ministra también recordó que ese mismo 16 de junio se registró un bloqueo en la ruta CA-13 que conecta Livingston con Petén, y que dos días después se envió nuevamente al viceministro de Ambiente al lugar. La reunión con líderes comunitarios fue calificada por Orantes como "muy buena", y aseguró que se explicó durante cuatro horas que la cancelación de licencias debe seguir el marco legal.
No obstante, denunció que durante la firma del acta de acuerdos, un grupo ajeno a los líderes locales irrumpió con acciones violentas, incluso cortando la energía eléctrica del recinto.
Orantes adelantó que el próximo 30 de junio el MARN presentará un nuevo informe sobre las consecuencias legales de los incumplimientos detectados. Entre los hallazgos figura que los proyectos obviaron requerimientos del reglamento de evaluación ambiental, como la opinión de la Autoridad para el Manejo Sostenible de la Cuenca del Lago de Izabal. Además, señaló que los edictos en los proyectos de explotación solo fueron publicados en español, omitiendo el idioma q'eqchi', y que en tres proyectos se encontraron calicatas abiertas, lo cual es ilegal.
La ministra criticó que reuniones anteriores tuvieron un enfoque político más que técnico, y subrayó que el MARN no debe participar en mitines. En su declaración final, resaltó que el caso evidencia la necesidad de una ley de aguas en el país.
"Todo país debe impulsar el desarrollo económico, pero no cualquier actividad puede hacerse en cualquier lugar. La minería no debería permitirse en zonas donde se surte el agua para el consumo humano", concluyó.
