La propuesta busca modernizar puertos para competir en el comercio global.
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El lunes 2 de febrero, en el Congreso, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas emitió dictamen favorable a las iniciativas 6527 y 6541, que proponen la Ley General del Sistema Portuario. Con este pronunciamiento, la propuesta avanza en su trámite legislativo.
El dictamen parte del diagnóstico de que la infraestructura y la gestión portuaria del país requieren una actualización profunda para responder a las exigencias del comercio global y superar rezagos históricos.
En ese contexto, la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Jovel, sostuvo que "Guatemala no puede competir en un mundo con puertos del siglo pasado" y subrayó que "el desarrollo no se decreta, se construye con decisiones ciertas".
La iniciativa propone un marco normativo orientado a elevar la competitividad del país mediante reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, alineadas con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza.
"La iniciativa de ley se va a componer por un marco legal moderno que le dé certeza política, que defienda reglas claras y homogéneas para todas las actividades portuarias, que alinee la gestión portuaria con estándares internacionales de seguridad, eficiencia y gobernanza", explicó la congresista.
Agregó que se busca reducir riesgos negándoles irregularidades, condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera, que garantice la estabilidad normativa y revitalice los contratos a largo plazo, y que tenga como objeto una visión de desarrollo sostenible que permita nuevos proyectos portuarios, logísticos y zonas de influencia portuaria", indicó Jovel.
Pilares
Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de una Autoridad Portuaria Nacional con carácter técnico, responsable de regular, fiscalizar y planificar el sistema portuario a largo plazo. El modelo plantea una separación clara de funciones políticas, operativas y de control, con el objetivo de reducir conflictos de interés y fortalecer la institucionalidad.
La propuesta también incorpora esquemas de administración flexibles y mecanismos que faciliten la participación del sector privado en infraestructura y operaciones portuarias, sin comprometer la propiedad estatal. Estas medidas buscan acelerar proyectos estratégicos, reducir la carga fiscal del Estado y mejorar la eficiencia operativa del sistema.
En el ámbito económico y financiero, la ley plantea un régimen sostenible que asegure recursos para inversión, mantenimiento y modernización de los puertos, además de tarifas uniformes y competitivas. A ello se suman procesos de contratación modernos, digitalización de trámites y simplificación administrativa para reducir tiempos y costos logísticos.
Al final se destacó que "modernizar los puertos es elegir crecimiento, competitividad para Guatemala".
El dictamen favorable representa un avance; no obstante, será el pleno del Congreso el encargado de conocer, discutir y decidir sobre la aprobación final de la Ley General del Sistema Portuario.
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