En el Congreso, diputados buscarán deducir responsabilidades por irregularidades en el proceso de remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores que siguen sin avances.
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La remodelación del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores fue adjudicada en octubre de 2024 por Q32.4 millones a la Constructora y Distribuidora Bremar. Sin embargo, durante todo el 2025 y parte de este 2026, sigue sin avances y el proceso sigue en conflicto.
En ese contexto, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunciaron un convenio para retomar la modernización del recinto, con la meta de concluir las obras a finales de 2027.
El plan contempla una intervención integral que incluye la rehabilitación de la pista de atletismo bajo estándares internacionales, la modernización del campo de fútbol con grama híbrida, renovación de butacas, actualización del sistema de iluminación con tecnología LED, así como la implementación de medidas ambientales y de seguridad.
Dudas en el manejo de recursos
Sin embargo, desde el Congreso el diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes, aseguró que aún no conocen el contenido completo de este acuerdo. "Primero habrá que determinar qué es lo que está dentro del convenio. No hemos tenido acceso al convenio, solo a lo del comunicado", señaló.
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El legislador indicó que la comisión citará a las autoridades involucradas para profundizar en el tema. "Vamos a citar a la CDAG, al PNUD y a todas las instancias correspondientes para la próxima semana para conocer pormenores de este convenio", afirmó.
Además, puso sobre la mesa dudas relacionadas con el manejo de recursos y antecedentes del proyecto. "El país no puede estar perdiendo plata a cada rato por capricho de funcionarios... están los Q9 millones que la CDAG desembolsó, ¿qué va a pasar con todo eso?", cuestionó.
También advirtió que el modelo de ejecución a través del PNUD implica costos adicionales. "Al final del día eso también tiene un costo para el país", indicó, al referirse a la contratación de este tipo de mecanismos para la gestión de recursos y obras.
Chic añadió que existen denuncias en curso vinculadas al proyecto. "Esas tendrán que seguir su curso, porque al final del día ya son delitos consumados", dijo, al tiempo que subrayó que estos procesos no deberían frenar la continuidad de la obra.
Otro de los puntos que genera inquietud, según el diputado, es el esquema de contrataciones. "Ya no pasa por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, sino que es el PNUD quien hace todo el tema de contrataciones... eso también se presta muchas veces para temas de secretividad", advirtió.
El congresista también cuestionó la falta de claridad sobre el estado del contrato anterior y la transición hacia este nuevo modelo. "No han aclarado cómo quedó el tema de la rescisión del contrato... y ahora nos sorprende que se vengan con esto", expresó.
Esclarecer responsabilidades
En la misma línea el diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión del Deporte, quien insistió en que antes de avanzar con un nuevo esquema deben esclarecerse posibles responsabilidades.
"Nosotros creemos que se debe de finalizar el proceso de deducción de responsabilidades sobre lo ocurrido durante el año 2025... esto no se puede quedar simple y sencillamente porque ahora voy a hacer otro proyecto", afirmó.
El congresista también cuestionó la falta de acciones legales en procesos anteriores. "Al final de cuentas lo que promueve es impunidad", dijo, al referirse a decisiones que, según él, evitaron judicializar incumplimientos contractuales.
Sobre el nuevo convenio, Blanco reconoció que el mecanismo con el PNUD podría ser viable, pero pidió analizarlo a fondo. "Puede garantizar la realización del proyecto, pero hay que analizar el convenio como tal... lo que hoy dieron a conocer fue básicamente un comunicado", expresó.
Asimismo, planteó dudas clave sobre costos, ejecución y fiscalización. "Hay que ver cuál va a ser el monto del convenio, los plazos, la fiscalización... en muchos casos se utilizan organismos internacionales para evadir fiscalización por parte del Estado", advirtió.
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También señaló que aún no está claro qué pasará con trabajos previos y recursos ya invertidos. "Hay que ver si es sobre eso que se va a iniciar el trabajo con el PNUD o no", indicó.
Blanco fue enfático en que el caso podría extenderse más allá del ámbito administrativo. "No se puede dejar impune lo que ocurrió el año pasado... vamos a pasar tres años sin la máxima instalación deportiva, cuando era un proyecto de 11 meses", afirmó.
Pese a las críticas, ambos diputados coincidieron en que el proyecto debe avanzar, pero bajo vigilancia. "Nosotros vamos a fiscalizar... vamos a solicitar la información correspondiente", puntualizó Blanco.
De cumplirse los plazos anunciados, el estadio podría estar listo para 2027.
