El Gobierno empezará el 2026 con el Presupuesto del año anterior. La CC resolvió suspender provisionalmente el plan de gastos, debido a irregularidades cometidas durante su aprobación.
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El Decreto 27-2025 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 recibió 8 solicitudes de amparo que provocaron que a la postre provocaron que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaran la protección constitucional y evitaran su entrada en vigencia el próximo 1 de enero.
La primera solicitud de amparo fue promovida por la Asociación de Vecinos para auditoria social del municipio de Jalapa a través del expediente 9404-2025, el cual estaba dirigido en contra de la aprobación y promulgación del artículo 163 de la Ley.
Dicho artículo habla sobre la asignación extraordinaria a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) por Q 6,312.1 millones.
El segundo amparo fue promovido por el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien con el expediente 9531-2025, señaló una violación al principio de igualdad y equidad en la asignación de los fondos de los Codedes.
Sigue el expediente 9581-2025 que es un amparo promovido por la Asociación Nacional de Municipalices (Anam).
Su presidente, Sebastián Siero, confirmó que el amparo fue exclusivo para que se asignara el 10% constitucional a las comunas determinado en el artículo 157 constitucional.
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El cuarto amparo fue promovido por la Municipalidad de Puerto Barrios, Izabal, en el expediente 9722-2025, también por considerar una mala distribución de los fondos de los Codedes.
El quinto amparo fue promovido por Miguel Roberto Balsells López, en el expediente 9840-2025 quien señala que la aprobación del presupuesto violó principios constitucionales por lo que solicitó que "era urgente evitar el riesgo".
El siguiente amparo está en el expediente 9841-2025 promovido por Diego Sagastume Vidaurre, quien señaló que había una notoria ilegalidad con la que procedieron los diputados y que la aprobación del presupuesto representaba una violación a la normativa constitucional.
Sagastume Vidaurre señaló que también había violaciones a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y otras leyes ordinarias por lo cual se estaba cometiendo un grave y irreparable daño al estado.
El séptimo amparo fue promovido por Erick Roberto Sosa Aldana, en el expediente 9916-2025, esta persona también accionó por lo dispuesto en el artículo 163 del presupuesto y consideraba que había una distribución injusta de los fondos entre los Codedes.
El último amparo, fue promovido por el exdiputado Fernando Linares-Beltranena, en el expediente 9929-2025, en su caso argumentaba que hay vicios en la aprobación del Decreto 27-2025 razón por la cual había una violación a los principios constitucionales.
