Hasta el momento se sabe de al menos tres amparos que han sido interpuestos en contra del plan de gastos nacional del próximo año.
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El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra reunido para conocer y analizar los expedientes acumulados presentados en contra del Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.
La información fue confirmada por la Unidad de Comunicación Social del tribunal constitucional, se desconoce la hora en que los magistrados emitirán su resolución.
Hasta el momento, han trascendido al menos tres acciones de amparo interpuestas contra el Presupuesto del próximo año, las cuales cuestionan tanto la forma en que fue aprobado el decreto como la distribución de los recursos públicos.
La primera acción fue presentada el 9 de diciembre por el alcalde de Mixco Neto Bran, quien acudió a la CC argumentando una violación al principio de igualdad y equidad en la asignación de los fondos.
El jefe edil sostuvo que los montos aprobados responden a criterios antojadizos y políticos, y señaló que diputados habrían coordinado la asignación de recursos extraordinarios con aspirantes a cargos públicos, con miras al proceso electoral de 2027.
Posteriormente, el 22 de diciembre, el abogado Diego Sagastume presentó un amparo en el que señala presuntas deficiencias jurídicas en el Decreto 27-2025.
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De acuerdo con su planteamiento, el dictamen del Presupuesto fue presentado de forma tardía, lo que habría impedido a los legisladores realizar un análisis adecuado.
Además, el profesional del Derecho sostiene que existieron irregularidades en el procedimiento de aprobación, por lo que solicita que la CC frene la aplicación de una norma que considera violatoria de la ley.
La tercera acción fue interpuesta el 25 de diciembre por el ciudadano Erick Sosa Aldana, quien cuestiona la distribución de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
En su amparo, argumenta que la asignación presupuestaria resulta injusta para el departamento de Izabal, al considerar que el monto aprobado es insuficiente frente a las necesidades de la población y que la distribución no es equitativa ni proporcional.
De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, esta acción constitucional protege a las personas frente a amenazas de violación a sus derechos o restablece su vigencia cuando la vulneración ya se ha producido.
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La normativa establece además que no existe ámbito excluido del amparo, siempre que los actos, resoluciones o leyes de autoridad impliquen una amenaza, restricción o violación de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes.
En caso de que los magistrados de la CC otorguen el amparo del abogado Sagastume este podría suspender la entrada en vigencia del Presupuesto General 2026, prevista para el 1 de enero del próximo año, mientras se resuelve el fondo de las acciones planteadas.
