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Sala Tercera decide cambiar de Juez en proceso penal contra exlíderes de 48 Cantones

  • Por Cristóbal Veliz
21 de mayo de 2026, 13:47
La Sala Tercera de Apelaciones decidió cambiar de juez en el proceso penal contra los exlíderes de los 48 Cantones. (Foto: Archivo/Soy502)

La Sala Tercera de Apelaciones decidió cambiar de juez en el proceso penal contra los exlíderes de los 48 Cantones. (Foto: Archivo/Soy502)

Por decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, el proceso penal que se lleva en contra de los exlíderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán será conocido por el juez B del Juzgado Tercero, Mynor Moto.

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El juez A del Juzgado Séptimo Penal Fredy Orellana ya no seguirá conociendo el proceso penal en contra de los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

El caso pasará a manos del juez B del Juzgado Tercero, Mynor Moto.

Lo anterior se debe a que la Sala Tercera Penal, presidia por Alejandro Prado aceptó la excusa presentada por Orellana para ya no seguir conociendo dicho proceso.

Tras la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, el proceso penal contra los exlíderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán estará en manos del Juez B Tercero, Mynor Moto. (Foto: Archivo/Soy502)
Tras la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, el proceso penal contra los exlíderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán estará en manos del Juez B Tercero, Mynor Moto. (Foto: Archivo/Soy502)

Con esta, suman tres las veces que este proceso cambia de judicatura, pues originalmente se conocía en el Juzgado Cuarto Penal.

Posteriormente pasó a manos del Juzgado Quinto, en el cual también fue retirado de las carpetas judiciales a cargo de esta judicatura.

Caso

El caso contra Pacheco y Chaclán se generó debido a su participación en las protestas de 2023 que iniciaron debido a la persecución penal que el Ministerio Público (MP) emprendió en contra del proceso electoral llevado a cabo ese año.

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Durante las jornadas, organizaciones indígenas pidieron que se respetara el proceso electoral y además solicitaron la renuncia de la entonces fiscal general Consuelo Porras.

Sin embargo, el 23 de abril de 2025 los líderes indígenas fueron detenidos y posteriormente ligados a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Posteriormente, les fue agregado el delito de asociación ilícita y actualmente siguen en prisión preventiva. 

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