La iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que impulsa el Gobierno, ha generado dudas en diversos sectores.
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Para este miércoles 6 de agosto, la Junta Monetaria (JM) tiene prevista una reunión para analizar el contenido de la ley antilavado de dinero impulsada por el Ejecutivo en el Congreso.
Álvaro González Ricci, presidente de esa instancia, informó que la Superintendencia de Bancos hará una presentación del proyecto.
El funcionario recordó que en la JM hay representación del sector bancario, iniciativa privada, Universidad de San Carlos y los Organismos Ejecutivo y Legislativo, quienes podrán plantear sus interrogantes sobre el proyecto.
Aunque reconoció que hay dudas acerca de lo que plantea la propuesta, González hizo hincapié en la importancia de que Guatemala actualice su normativa para combatir el lavado de dinero antes de la evaluación que prevé realizar en 2027 el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
"De no hacerse, estaríamos a nivel de países como Venezuela y Haití", mencionó.
No descarta sugerencias
Pese a la trascendencia de crear la nueva ley para combatir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, el también presidente del Banco de Guatemala reiteró la necesidad de socializar la iniciativa del Gobierno, de tal manera que "todos los sectores estemos totalmente claros de la implicación de la misma".
Según González, la Junta Monetaria todavía no ha hecho un estudio profundo del proyecto, pero no descartó que haya sugerencias una vez se conozca a detalle su contenido.
El funcionario recordó que la propuesta no es nueva, sino que "ya viene de bastantes años atrás, y lo que se hizo fue presentar otra iniciativa con los requerimientos de Gafilat". También añadió haran el análisis correspondiente antes de su aprobación en el Congreso.
De hecho, según los registros de este último organismo, el proyecto en el que se basó la iniciativa del Ejecutivo fue firmada por González Ricci, cuando fungió como ministro de Finanzas, en la administración de Alejandro Giammattei. De esa cuenta, estaría familiarizado con el tema.
Puntos controversiales
La ley antilavado que plantea ahora el gobierno de Bernardo Arévalo está contenida en la iniciativa 6593 y aún está pendiente de ser conocida por el pleno de diputados, por lo que no ha iniciado su estudio en la comisión respectiva.
Diputados han externado su apoyo para que esta sea aprobada, pero también han hecho ver la necesidad de analizar a detalle los puntos que algunos sectores consideran controversiales.
Entre estos resalta una modificación en el Código de Comercio, en el apartado que regula la forma en que se registran las acciones en las sociedades anónimas.
La propuesta también aumenta los sujetos obligados a reportar transacciones monetarias, incluyendo a auditores, contadores y notarios, así como promotores inmobiliarios, por mencionar algunos.
Otro aspecto que ha sido cuestionado es la potestad que se brinda al Ministerio Público de inmovilizar o congelen bienes, tal como ocurre en la Ley de Extinción de Dominio.
