El Ejecutivo envió una iniciativa de "ley antilavado de dinero" al Congreso y pidió ser tratada con urgencia por los diputados, pero varios sectores han externado sus dudas.
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Las recientes iniciativas de ley que el oficialismo ha presentado en el Congreso han generado reacciones diversas y han puesto al Ejecutivo en el ojo público. Una de ellas es la registrada con el número 6593, que busca combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
El proyecto contiene aspectos que, según el experto en derecho constitucional, Alexander Aizenstatd, deberían analizarse en profundidad antes de someterse a aprobación.
1. MP podría congelar bienes
Para el entrevistado, uno de los aspectos que debería replantearse es la potestad que se busca otorgar al Ministerio Público (MP) para que inmovilicen o congelen bienes, sin tener previa autorización judicial.
"Eso ya está en la Ley de Extinción de Dominio, pero creo que es muy peligroso. Los funcionarios administrativos no deberían tener facultades de embargo, sino que tendría que ser un juez quien lo decida y no solo ratificar", expresó.
El constitucionalista también argumentó que tal situación podría "prestarse para cometer abusos". Este es el artículo al cual se refirió:
2. Ampliación de sujetos obligados
Otro de los temas analizados es uno que ha sido destacado por el Ejecutivo como algo trascendental para tener un mayor control y "saber quién está detrás del dinero ilícito". Se trata de la ampliación del universo de personas obligadas a reportar transacciones monetarias.
De esa cuenta, en el proyecto de ley, bautizado como "antilavado", se plantea incluir en el citado grupo a contadores, auditores, abogados y quienes se dediquen a la promoción e intermediación inmobiliaria, entre otros.
Sin embargo, para Aizenstatd, "la disposición no es muy clara, en cuanto a qué se va a requerir de los profesionales respecto de sus clientes y cómo se va a medir si cumplieron o no".
En su opinión, la normativa debería ser más específica en cuanto al tipo de operaciones y montos que tendrían que ser reportados.
Con la redacción actual, se tendrían que hacer informes generales y esto elevaría los procesos para quienes prestan sus servicios, lo cual podría impactar en los precios hacia la población en gestiones como la compra de vivienda, por ejemplo, dijo el entrevistado, y agregó: "no es lo mismo comprar una casita que comprar una mansión".
3. Registro de accionistas
El profesional mencionó, además, que "preocupa un poco que se cree una especie de registro de accionistas en el Registro Mercantil", en referencia a un apartado que propone cambiar la forma en que se inscriben las acciones en las sociedades anónimas.
Aunque se plantee que la información sería confidencial, "hace falta mucho para generar la confianza de que se van a tomar las medidas necesarias para que esos datos no se filtren", opinó.
Aizenstatd habló específicamente de una disposición que reformaría el artículo 125 del Código de Comercio y que plantea que se tendrían que asentar los datos de cada accionista, con su nombre completo, nacionalidad y documento de identificación, así como su dirección física, canje de títulos, gravámenes y cantidad de acciones, entre otros.
"Hay un lado, que es el tema de lavado de dinero, que requiere más transparencia, pero también está el otro lado de seguridad personal, por el riesgo de secuestros, extorsiones y robos, etcétera, que sí justifica que haya alguna medida de protección sobre quiénes son los accionistas y que eso no se haga público", afirmó.
Además, recordó que un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) en abril pasado suspendió el requisito de revelar nombres y porcentajes de participación accionaria en las empresas. Si se aprobara ese tema en la "ley antilavado", podría volver a ser suspendido por los magistrados, vaticinó.
4. ¿Violencia o terrorismo?
En su análisis, el experto también resaltó el cambio en la definición del delito de terrorismo, ya que, a su criterio, quedó "demasiado amplio" y daría pie a que situaciones como los bloqueos de carreteras o actos de violencia en general se tipifiquen de una manera que no corresponde "al umbral de gravedad que tiene el terrorismo, como tal".
"Es demasiado ambigua y general la definición que se propone y abarcaría muchas cuestiones que no son actos de terrorismo", reiteró.
A decir del constitucionalista, "la forma en que se dejó ese artículo es muy peligroso y, tal vez, hasta contrario a parámetros internacionales. Podría ser hasta ofensivo para las víctimas de verdadero terrorismo poner a quien bloquea una calle en la misma canasta que Al Qaeda, por decir algo".
Aunque en la iniciativa se agrega un apartado que indica que "no constituirán terrorismo los actos que sean cometidos en el contexto del ejercicio de los derechos a la manifestación, la libertad de expresión, la libertad de asociación o participación política", esto no resta peso a la tipificación que se plantea, según el entrevistado.
Una ley necesaria
Aizenstatd coincidió con el Ejecutivo en que "es indispensable actualizar nuestra legislación contra el lavado de dinero para no entrar en la lista gris o en la lista negra del Gafi (Grupo de Acción Financiera), porque eso sí tendría consecuencias económicas y bancarias importantes".
No obstante, remarcó que la propuesta que se remitió al Congreso "es susceptible de bastantes mejoras, ya que hay preocupaciones genuinas que deben resolverse en algunos temas puntuales".
Diputados de distintas bancadas, también han hablado al respecto y considerado que "el análisis debe ser exhaustivo".
"Tenemos que ver el contenido de la ley para ver si cumple con todas las falencias que trae el Estado, hasta ahora, en materia de cumplimiento de prevención del lavado de dinero, sobre todo vinculado con el financiamiento del terrorismo", indicó Andrea Reyes, una de las oficialistas que busca crear el partido Raíces.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, al anunciar el proyecto, dijo confiar en que el Congreso tratará la iniciativa de ley con urgencia y que la aprobará con amplia mayoría, al regresar del receso parlamentario. Así lo manifestó:
Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió.
Presentaremos al Congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no… pic.twitter.com/qzVsfX5a9c
La primera polémica
Mientras diversos sectores empezaban a estudiar la propuesta de "ley antilavado", surgió la primera polémica en torno a ella, debido a un supuesto "copy-paste".
Todo surgió debido a una publicación del abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien señaló a la administración de Arévalo de copiar un proyecto que el gobierno de Alejandro Giammattei envió al Congreso en 2020 y se registró con el número 5820.
Al hacer la comparación de ambos textos, quedó en evidencia que el presentado recientemente por el Ejecutivo tiene diferencias mínimas con el de Giammattei.
Respecto de eso, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, indicó que la copia de la iniciativa anterior "es relativa". Justificó que como la propuesta 5820 quedó archivada, se hizo otra en la que "se incorporan nuevos elementos".
Acá puedes acceder a los dos proyectos de ley:
Iniciativa de ley 6593
