En el Congreso avanzó en primera lectura la reforma a la Ley Antilavado tras varias semanas de retraso por tensiones políticas dentro del pleno.
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Después de varias semanas de retrasos, el Congreso finalmente retomó en agenda el tema de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, este martes 24 de marzo con el avance en primera lectura de la iniciativa.
Con este primer paso, la iniciativa vuelve a entrar en la agenda legislativa. El objetivo principal es actualizar las herramientas del Estado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero también incluye ajustes que buscan hacer más justo el sistema penal.
Después de varias semanas de retrasos el Congreso finalmente retomó en agenda el tema de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, este martes 24 de marzo con el avance en primera lectura de la iniciativa. pic.twitter.com/yRKNx6T68z
Desde el sector financiero han sido insistentes en que esta ley avance. Consideran que es una pieza clave para modernizar el marco legal del país, sobre todo pensando en la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027, donde se medirá qué tan efectivo es Guatemala en la prevención de estos delitos.
Aun así, no todos en el Congreso están convencidos de aprobarla de inmediato. Algunos diputados consideran que el contenido necesita más discusión antes de pensar en una aprobación bajo urgencia nacional, tal como lo mencionó en su momento el diputado Julio Héctor Estrada presidente de la Comisión de Finanzas.
Por ahora, el reto será que la iniciativa logre avanzar en sus siguientes lecturas en las próximas sesiones después de Semana Santa.
La propuesta llevaba tiempo en pausa, a pesar de contar con dictamen favorable desde el 24 de febrero. En ese momento, las comisiones de Finanzas y de Comercio Exterior ya habían dado luz verde para que avanzara.
Sin embargo, el tema quedó estancado por la dinámica política dentro del Congreso, marcada por negociaciones y votaciones relacionadas con la elección de magistrados, así como por la suspensión de sesiones por falta de quórum.
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SIB expone urgencia
En paralelo, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha salido a presionar para que la ley se apruebe lo antes posible. El superintendente, Saulo de León, explicó ante diputados que la normativa actual tiene alrededor de 25 años y ya no se ajusta a la realidad económica ni a las dinámicas actuales del país.
Según expuso, el problema no es solo cumplir con estándares internacionales, sino que la ley vigente presenta fallas en su funcionamiento diario. Esto complica el trabajo de las instituciones encargadas de supervisar operaciones financieras.
Uno de los mayores riesgos, advirtió, es que Guatemala vuelva a la "lista gris" del GAFI. De ocurrir, esto no solo tendría implicaciones a nivel internacional, sino efectos directos en la vida cotidiana: remesas más lentas, más requisitos para hacer transacciones, créditos más caros y posibles aumentos en precios.
