Dos comisiones del Congreso estarán a cargo de analizar la ley antilavado que promueve el Gobierno.
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Identificada con la nomenclatura 6593, la iniciativa de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo fue conocida este martes 2 de septiembre por el pleno del Congreso.
La propuesta fue bautizada como "ley antilavado" por el Ejecutivo, organismo que impulsa su aprobación, y con el trámite superado este día comienza el proceso para establecer su viabilidad.
Serán las Comisiones de Finanzas y Economía las encargadas de analizar su contenido y emitir los dictámenes correspondientes.
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Gobierno pide abordaje con urgencia
El proyecto fue anunciado el pasado 27 de julio por el presidente Bernardo Arévalo y parte de su equipo de trabajo, durante un mensaje difundido en las redes sociales.
En ese entonces, el mandatario dijo confiar en que "los diputados del Congreso tratarán la iniciativa de ley con urgencia", de tal manera que, según sus apreciaciones, podría ser aprobada "con amplia mayoría al regresar del receso parlamentario".
Sin embargo, los legisladores no atendieron el llamado y su lectura en el pleno debió esperar más un mes.
Nuestro país debe elegir un camino: estar del lado del trabajador honrado, o del crimen organizado. Este Gobierno ya eligió.
Presentaremos al Congreso una nueva Ley Antilavado. No es una ley más: es un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado. Porque no… pic.twitter.com/qzVsfX5a9c
Puntos controversiales
No obstante, la propuesta ha generado dudas en distintos sectores, por contener aspectos que ya han sido frenados en otras normativas por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Entre esos temas resalta una modificación en el Código de Comercio, en el apartado que regula la forma en que se registran las acciones en las sociedades anónimas.
La propuesta también aumenta los sujetos obligados a reportar transacciones monetarias de sus clientes, incluyendo a auditores, contadores y notarios, así como promotores inmobiliarios, por mencionar algunos.
Otro aspecto que ha sido cuestionado es la potestad que se brinda al Ministerio Público de inmovilizar o congelen bienes, tal como ocurre en la Ley de Extinción de Dominio.
Aunque diputados de diferentes bancadas y analistas han hecho ver la importancia de actualizar la ley antilavado que tiene el país, también han destacado la importancia de analizar en profundidad la iniciativa del Gobierno antes de aprobarla.
