Una nueva propuesta de ley llegó al Congreso de la República y contiene varios aspectos relacionados con los sindicatos y pactos colectivos de trabajo en el Estado.
OTRAS NOTICIAS: Maestros están incumpliendo el pacto colectivo, dice ministra de Educación
Mientras autoridades de Educación y líderes sindicales del magisterio libran una pugna enmarcada en un pacto colectivo de condiciones laborales, diputados oficialistas presentaron una iniciativa de ley que afectaría a estos últimos.
La propuesta fue presentada por el congresista Raúl Barrera y, entre otros temas, plantea penas de cárcel para quienes "coaccionen u obliguen a un trabajador a afiliarse o desafiliarse de una organización sindical determinada".
Si la ley se aprobara, quienes cometieran tales actos serían sentenciados por el delito de coacción sindical, para el cual se establecería una sanción de entre seis meses y un año de prisión.
Tal pena también aplicaría cuando, "bajo amenaza de represalias o exacciones", se intimide a un empleado "para ejecutar acciones sindicales, en contra de su voluntad o libre determinación".
En tales casos, se plantea, además, una "inhabilitación absoluta de uno a tres años" para quien resultare responsable.
La facción de diputados oficialistas que se mantiene fiel al Movimiento Semilla presentó una iniciativa de ley relacionada con los sindicatos y pactos colectivos en el Estado pic.twitter.com/rZx27X2L1f
Pactos colectivos sin confidencialidad
Con el proyecto también se pretende garantizar la publicidad de los pactos colectivos que se firmen entre trabajadores y entidades del Estado.
Para el efecto, se prohibiría que tales instrumentos se declaren bajo reserva o confidencialidad, tal como ocurrió con el pacto colectivo que se negocia con el magisterio nacional.
Asimismo, se busca impedir la confidencialidad en los salarios de empleados y funcionarios de todas las instituciones gubernamentales. Por lo que, sin excepción, esos datos tendrían que estar disponibles para las consultas de la población.
La disposición afectaría, por ejemplo, al Ministerio Público, donde la información sobre remuneraciones no se encuentra en el portal de transparencia.
"Inmediata destitución"
Al presentar la iniciativa, Barrera indicó que el objetivo es impedir "abusos desde la organización sindical" en la negociación de los pactos colectivos, así como evitar "chantajes hacia trabajadores, sindicalizados o no, para que participen en movilizaciones", entre otras actividades.
"No basta con abrir expedientes disciplinarios en contra de quienes amenazas con exacciones, con chantajes o con cualquier intimidación a los trabajadores del Estado para incorporarse, afiliarse o desafiliarse de una organización sindical", expresó el parlamentario.
Además, remarcó que "la coacción debe constituir expresamente un delito y debe aparejar la inmediata destitución de quienes busquen obligar a los trabajadores del Estado" en la citada materia.
