Las apreciaciones de varios diputados impidieron el avance de la ley integral de protección de datos personales, en el Congreso.
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Una propuesta de ley que prohibiría la recopilación de datos personales por medios fraudulentos, así como su comercialización sin el debido permiso, no logró avanzar en su tercera lectura en el Congreso de la República.
La iniciativa, registrada con el número 6103, quedaría a un paso de su aprobación en la sesión plenaria de este martes 29 de octubre, pero hubo oposición de diputados de distintas bancadas.
Gustavo Cruz, del bloque Visión con Valores (Viva), fue el primero en pronunciarse al respecto y pedir que el tema no se abordara, ya que, en su opinión, riñe con otros proyectos que se analizan en ese organismo, como las leyes de ciberseguridad y contra el ciberdelito.
Tras un intercambio de comentarios, tanto a favor como en contra, la iniciativa se sacó de la agenda, después de la votación correspondiente.
Aunque el @CongresoGuate preveía aprobar en tercera lectura la ley integral de protección de datos personales en poder de terceros, el diputado Gustavo Cruz pidió y consiguió que se retirara de la agenda pic.twitter.com/uZG8iBSOHo
¿Qué plantea la ley?
El citado proyecto busca regular la forma en que empresas y otras entidades adquieren la información de los ciudadanos. También plantea establecer un tiempo límite en el que deben conservar los datos, una vez se notifique al titular sobre la razón específica para la cual se requieren.
"Los datos personales resguardados en archivos, registros, bases o bancos de datos podrán conservarse hasta un plazo de un año a partir de su recopilación, salvo que el titular consienta expresamente una mayor temporalidad para su conservación", reza la iniciativa.
Asimismo, establece que el encargado de resguardar tal información debe adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. También tendría prohibido trasladar a otros la información, sin que haya recibido el consentimiento del titular.
De no cumplir esas disposiciones, el responsable podría ser sancionado con multas de entre 150 y hasta 1,000 salarios mínimos vigentes, dependiendo de la infracción.

Si se aprobara la ley, las entidades que compran o adquieren datos personales mediante engaños podrían, incluso, enfrentar el cierre de su banco de información, así como la suspensión de toda actividad de tratamiento de datos personales durante dos años.
Cristian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO), hizo ver que estas acciones son necesarias para frenar prácticas actuales, en las cuales las personas brindan sus datos para recibir un servicio y "terminan bombardeados por empresas o negocios con lo que nunca antes habían tenido contacto".

Se oponen a más instituciones
A pesar de los citados aspectos, los diputados que se oponen a la aprobación de esa ley indicaron que el problema es que se busca crear nuevas instituciones, como el Instituto Guatemalteco de Protección de Datos Personales.
Según expresaron, no se puede pensar en dar vida a nuevos entes estatales, sin que haya un marco jurídico adecuado. Otros hablaron sobre la duplicidad que habría al crear las leyes de ciberseguridad y contra la ciberdelincuencia.
En ese sentido, se recomendó devolver la iniciativa a la Comisión de Reformas al Sector Justicia, para un nuevo análisis y dictamen. Empero, ese extremo está pendiente de decidirse.