En el Diario Oficial salió publicado el Acuerdo Gubernativo 257-2025, con el cual se establece la obligatoriedad de la mezcla de etanol con gasolina el próximo año.
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Casi 40 años y medio después de que fuera aprobada la Ley del Alcohol Carburante, emitida en febrero de 1985, la mezcla obligatoria de etanol con gasolina será implementada el próximo año 2026.
Por medio del Acuerdo Gubernativo 257-2025, el presidente Bernardo Arévalo facultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para brindar un servicio ágil y eficiente que facilite al usuario los trámites para registrarse como productor o distribuidora de alcohol carburante y su mezcla, así como la obtención de licencias.
Con la nueva normativa, se establece que durante cinco años a partir de que se inicie con la mezcla, el porcentaje de incorporación de alcohol carburante con las gasolinas será del diez por ciento.
La Unidad de Comunicación del MEM informó que el acuerdo establece el inicio de la mezcla correspondiente el próximo 30 de junio. Asimismo, se menciona que existe libertad de contratación y el Estado no intervendrá en las relaciones comerciales entre privados, sino que la mezcla se regirá siempre bajo el libre mercado.
¿Qué es el etanol?
El etanol es un alcohol de origen vegetal producido a partir de la fermentación de cultivos como la caña de azúcar o el maíz.
Su rol principal uso en la industria automotriz es como aditivo o mezcla con la gasolina, creando el conocido bioetanol que se utiliza en concentraciones variadas y que normalmente son reglamentadas por los gobiernos donde se utiliza.
Los partidarios de este producto manifiestan que el etanol incrementa el octanaje del combustible y sustituye aditivos tóxicos, lo cual contribuye a la mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, sus detractores señalan que habría un impacto negativo sobre vehículos antiguos o no adaptados, ya que algunos componentes que no están diseñados para ser usados con el alcohol podrían provocar aumento en los costos de mantenimiento y fallas mecánicas.
Importadores y otros sectores cuestionan la medida, alegando que es una imposición costosa, viola la libertad de elección del consumidor y afecta a vehículos no adaptados.
