Además, señaló posible efecto intimidatorio en electores y alertó sobre el impacto en la institucionalidad democrática.
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La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala condenó la intervención del Ministerio Público durante la jornada electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde se elegían magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
En un pronunciamiento la misión expresó su "más enérgica condena y profunda alarma institucional" por la ejecución de diligencias fiscales en sedes donde se desarrollaba la votación gremial.
Según la OEA, la realización de medidas coercitivas, como allanamientos, inspecciones o aseguramiento de documentos, en centros de votación mientras el proceso electoral está en curso representa un riesgo constitucional elevado.
Según la OEA , la realización de medidas coercitivas, como allanamientos, inspecciones o aseguramiento de documentos, en centros de votación mientras el proceso electoral está en curso representa un riesgo constitucional elevado.
: Oscar Rivas ND pic.twitter.com/TyifVpbMfk
También advirtió que este tipo de acciones puede interferir directamente con el ejercicio libre del sufragio, generar efectos intimidatorios en electores y autoridades electorales, comprometer la cadena de custodia del material electoral y afectar la legitimidad de los resultados.
La misión recordó que los procesos de elección de segundo grado vinculados a la integración de la CC forman parte esencial del equilibrio democrático del país, por lo que cualquier actuación estatal que incida en su desarrollo debe someterse a controles estrictos de constitucionalidad.
Asimismo, señaló que, si bien el Estado tiene la obligación de investigar posibles ilícitos, la persecución penal no debe ejecutarse de forma que impacte una elección en desarrollo.
En esa línea, advirtió que cuando una intervención fiscal coincide con fases decisivas de un proceso electivo, existe el riesgo de que las herramientas penales sean utilizadas como mecanismos de incidencia en los resultados.
La OEA también expresó preocupación por el hecho de que las diligencias cuenten con autorización judicial, señalando que este tipo de medidas intrusivas requieren motivación reforzada y proporcionalidad cuando pueden interferir con procesos electorales.
En su pronunciamiento, la OEA planteó cuatro acciones puntuales:
- Garantizar la continuidad irrestricta de la jornada electoral sin interferencias.
- Canalizar investigaciones por vías posteriores y no disruptivas.
- Exigir control judicial estricto de legalidad y proporcionalidad.
- Resguardar la integridad de los procesos de elección constitucional.
