La Superintendencia de Competencia presentó una iniciativa para reformar la Ley de Comercialización de Hidrocarburos para evitar que las gasolineras acuerden precios.
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En medio del incremento reciente en los precios de los combustibles, la Superintendencia de Competencia presentó al Congreso una propuesta para endurecer las sanciones contra prácticas anticompetitivas en el mercado.
La iniciativa, según la institución, surge tras un análisis del comportamiento del sector y de la normativa vigente, en el que se identificó la necesidad de actualizar las reglas para evitar acuerdos indebidos entre empresas que puedan influir en los precios.
El director titular, Javier Bauer, explicó que actualmente la Superintendencia se encuentra en una fase de promoción de la competencia, por lo que sus acciones se centran en recomendar cambios legales. Esto se debe a que la facultad de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas entrará en vigencia hasta diciembre de 2026.
La Superintendencia de Competencia presentó al Congreso una propuesta para endurecer las sanciones contra prácticas anticompetitivas en el mercado, respecto a los precios actuales del combustible. pic.twitter.com/oWoJtxYV4n
"Nosotros, como Superintendencia, hemos venido dando seguimiento a toda esta crisis del combustible. Hemos tenido conversaciones con el Ministro de Energía y Minas y hemos evaluado la normativa del sector combustible. De acuerdo a ello, el directorio sesionó y con base en los dictámenes jurídicos presenta al Congreso la siguiente propuesta normativa, que es más que nada una actualización normativa al tema de combustibles", dijo Bauer.
La propuesta plantea, en primer lugar, que las multas por concertación de precios en el sector de combustibles, es decir, acuerdos entre empresas para fijar precios, se ajusten a las sanciones contempladas en la Ley de Competencia, con el objetivo de que tengan un efecto disuasivo real.
Asimismo, se busca que, una vez la ley esté plenamente vigente, sea la Superintendencia la entidad encargada de prevenir, investigar y sancionar este tipo de prácticas, mientras que el Ministerio de Energía y Minas continuaría con su función técnica y de supervisión del sector.
"Lo importante es lograr que las normas en materia de competencia sean lo más uniformes en toda la República", agregó Bauer.
Multas millonarias
Por su parte, el director titular, Edgar Guzmán, explicó que uno de los cambios más relevantes sería el aumento en el monto de las multas.
Actualmente, las sanciones por acuerdos de precios rondan los Q3 millones; sin embargo, con la reforma podrían superar los Q20 millones. "Esta es una medida necesaria porque de esta manera se pueden prevenir eficientemente cualquier tipo de práctica anticompetitiva que al final perjudica el bolsillo de los guatemaltecos", señaló.
Actualmente, las sanciones por acuerdos de precios rondan los 3 millones de quetzales; sin embargo, con la reforma podrían superar los 20 millones. pic.twitter.com/ISiWKjtn1Z
Las autoridades también aclararon que prácticas como la especulación y el acaparamiento siguen bajo la competencia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), mientras que la regulación actual sobre acuerdos de precios corresponde al Ministerio de Energía y Minas.
La propuesta, que ya fue entregada a la Presidencia del Congreso, busca reformar la Ley de Comercialización de Hidrocarburos para fortalecer el control sobre el mercado y garantizar condiciones más justas para los consumidores.
