El Tribunal le impuso una condena y una multa de Q100 mil, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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Juan A., un oficial II del Juzgado de Paz Civil, Familia y Trabajo de Chimaltenango, ocupaba un puesto en la administración de justicia. Desde donde estableció contacto con una persona que enfrentaba un proceso penal.
El 4 de diciembre de 2024, Juan A. solicitó Q5 mil a esta persona, con el objetivo de omitir parte de sus funciones. El dinero no fue entregado en ese momento.
Así que días más tarde, insistió mediante una llamada telefónica y redujo la suma a Q3 mil. El depósito se realizó por transferencia electrónica a su cuenta personal. Semanas después, el 15 de enero de este año, volvió a comunicarse para pedir los otros Q2 mil pendientes del trato.
La víctima, al verse presionada, acudió a las autoridades. La denuncia permitió organizar un operativo que terminó con su captura. Las pruebas reunidas durante la investigación confirmaron que había solicitado dinero a cambio de incumplir con sus deberes como funcionario público.
Juan A. fue condenado a cinco años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Además, se le ordenó el pago de una multa de Q100 mil, una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena y una reparación digna de Q20 mil; por parte del El Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sololá.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público.
