El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) pidió hoy al Gobierno "acatar en todos los casos" un fallo emitido la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló las consultas populares sobre minería como acciones vinculantes.
Yuri Melini, director de Calas, dijo que "el Gobierno debe tener como un indicativo obligatorio el resultado de las consultas populares que se realicen en las comunidades donde se pretende promover proyectos mineros.
El derecho de una consulta popular que la Corte de Constitucionalidad le dio a la Municipalidad de Mataquescuintla sentó un precedente jurídico en el país que debe ser acatado de inmediato y a nivel nacional por parte del Gobierno, señaló Melini.
Cámara de la Industria pide reglamento para Consultas Comunitarias
“Las consultas comunitarias no son de carácter vinculante sino de carácter indicativo”, señaló Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria.
Zepeda agregó que es necesario “reglamentar las consultas con el objeto de informar adecuadamente y de manera objetiva a las comunidades.
Se debe generar un reglamento que contemple el proceso de convocatoria, procedimiento de consulta y comunicación hacia las comunidades sobre los asuntos que competen a la consulta, y no que haya únicamente una información parcializada”, dijo Zepeda.
Según Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, “actualmente los procesos extractivos enfrentan problemas de falta de información y la existente está parcializada. La industria extractiva ha alcanzado un nivel tecnológico con el que puede mitigar cualquier impacto”, aseguró Orellana.
La CC falló en contra de dos recursos promovidos por abogados de la Cámara de Industria y la Gremial de Mineras Extractivas, para que una consulta popular realizada en noviembre de 2012 en la población de Mataquescuintla fuera declarada "inconstitucional".
En su resolución, la CC señala que "es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados", por lo cual es válido que la Municipalidad haya pedido la opinión de sus vecinos respecto a si estaban a favor o en contra de que en esa población se desarrollaran proyectos de exploración y explotación minera.
El 11 de noviembre del año pasado, el 96% de los 10,375 pobladores de Mataquescuintla rechazó la exploración y explotación minera que cuatro empresas privadas pretenden realizar en ese lugar, por medio de una consulta popular que llevó a cabo la Municipalidad.
El alcalde de ese municipio, Hugo Loy Solares, dijo entonces que la consulta fue convocada por las autoridades ediles a petición de un grupo de 3,000 pobladores que pidieron un referendo para conocer la opinión de los habitantes.
Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, encargados de la autorización de las licencias de reconocimiento, exploración y explotación minera, no se han pronunciado al respecto, pero Melini insistió en que "el Gobierno debe acatar la decisión de la CC".
Ello implicaría la cancelación de las licencias en las comunidades en donde los pobladores, mediante consulta popular, se han opuesto a estas.
