El próximo año habrá cambio de mando en varias instituciones, y quienes lleguen a los puestos podrían marcar el rumbo de las elecciones presidenciales.
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Los preparativos para las elecciones generales de 2027 están en marcha, y, aunque ya hay figuras políticas identificadas como posibles candidatos y varios partidos en creación, las principales negociaciones, por ahora, están centradas en otros procesos.
Mientras las organizaciones políticas se reagrupan y fortalecen, con nuevos liderazgos, también estarían midiendo fuerzas para incidir en cuatro elecciones que tendrán un fuerte impacto en el desarrollo de los comicios, según el análisis de expertos
Se trata de procesos que estarán en el ojo público desde los primeros meses del próximo año y de los cuales surgirán nuevos funcionarios, con un "papel preponderante" para las elecciones presidenciales, de diputados y gobiernos locales:
- Elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
- Designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)
- Elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP)
- Elección del contralor general de cuentas
De acuerdo con analistas, la "maquinaria política" de las distintas corrientes existentes en el país ha comenzado a mover piezas, con miras a lograr que sus adeptos ocupen la mayoría de los citados cargos.
Los expertos sospechan que muchas de esas negociaciones se estarían llevando a cabo en el Congreso de la República y varios legisladores lo han confirmado. "El silencio durante los meses del receso parlamentario no es por gusto", según fuentes consultadas en ese organismo.
Renovación de magistrados del TSE
"El próximo año se vivirá un proceso histórico", dijo Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), en referencia a que será la primera vez en que se efectúen en un mismo período las cuatro elecciones mencionadas.
"Por obvias razones, el nombramiento de los nuevos magistrados del TSE será de gran importancia, pues a ellos les corresponderá conducir los comicios de 2027", mencionó el experto.
También hizo ver que todo ese proceso se desarrollará en el Congreso, por lo cual, a su criterio, los partidos representados en ese organismo "tendrían mayor incidencia" en los profesionales que sean tomados en cuenta.
Con ello coincidió el politólogo Renzo Rosal, quien mencionó como uno de los principales riesgos "la pérdida de independencia del Tribunal y que este quede subordinado" al parlamento.
Según lo previsto, la comisión de postulación encargada de seleccionar a los candidatos más idóneos para integrar el TSE deberá instalarse en enero del próximo año.
Su trabajo duraría dos meses y luego tendría que entregar al Legislativo una nómina de la cual saldrían cinco magistrados titulares e igual cantidad de suplentes, según la ley.
Quienes resulten electos tendrían menos de un año para prepararse para la convocatoria a los comicios y poner en marcha cada fase del procesos electoral, por lo cual "la mayor parte de preparativos quedará en manos de los actuales magistrados", mencionó el analista.
Una nueva magistratura en la CC
Otra de las elecciones clave en 2026 será la de magistrados de la CC. El presidente de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Universidad de San Carlos (Usac) y Colegio de Abogados tendrán hasta abril para nombrar a un titular y un suplente para que integren ese tribunal.
Rosal indicó que, "si bien la Corte de Constitucionalidad no tiene competencias puntuales en el tema electoral, los últimos procesos han sido marcados por resoluciones emitidas por esa instancia, por ejemplo, en casos en que se ha sacado de la contienda a determinados candidatos".
Por el ambiente político actual, "no se descarta que esa tónica se mantenga o, incluso, se logre que algunas figuras descartadas por el TSE, por algún incumplimiento, logren competir en las votaciones", opinó.
Quezada también se refirió al respecto y alertó sobre "el peligro de que los magistrados no actúen con independencia, sino respondiendo a intereses de los grupos que los designaron".
El reemplazo de Consuelo Porras
Hasta ahora, el proceso en el que se ha hecho "más ruido", según los analistas, es el que permitirá elegir al nuevo jefe del MP y reemplazaría a Consuelo Porras.
El relevo se tendrá que concretar en mayo de 2026 y hay quienes apuestan, si no al a continuidad de la actual fiscal general, al nombramiento de uno de sus allegados, con el fin de que se continúe con la labor que ahora ejecuta el ente investigador. Así lo consideran los expertos consultados.
Los politólogos hicieron hincapié en el papel que ha jugado Porras en lo que se ha calificado como una "persecución selectiva y política", que podría tener implicaciones en el próximo proceso electoral, particularmente "al intentar dejar fuera a varios candidatos, igual que ocurrió en 2023".
Además, recordaron que de la designación del nuevo fiscal general dependería en gran parte que el Movimiento Semilla vuelva a la vida como partido político y pueda a competir en los comicios.
Aunque, como ya lo ha mencionado en varias oportunidades, será el presidente Bernardo Arévalo quien elija al profesional que ocupará ese cargo, el nuevo funcionario saldrá de una terna que le enviará la respectiva comisión de postulación, remarcó Rosal.
Igual que su colega del CIEN, el experto manifestó que "se prevé un cabildeo intenso para la integración de la nómina final".
Cambio en la Contraloría
El último proceso previsto para el próximo año y que tendría repercusiones en el ámbito electoral es la designación del nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas.
El cambio de mando en esa institución tendría que darse en octubre y el rol de quien se quede en el cargo es trascendente, adelantaron Rosal y Quezada.
Esto se debe a que la institución será la encargada de otorgar la Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, más conocida como finiquito, a exfuncionarios que busquen inscribirse como candidatos a algún puesto de elección popular.
Tal documento ha ocasionado en procesos anteriores que algunos no puedan participar en las elecciones y el 14 de enero de 2024 también se usó para tratar de impedir que algunos diputados asumieran el cargo.
"Las negociaciones para el nombramiento del nuevo contralor podría estar sujeta a condiciones" en esa materia, consideran los expertos, y recordaron que serán los diputados quienes elijan a ese funcionario.
"El primer gran pulso será en el Congreso"
Fernando Bon, de la Alianza por un Congreso Eficiente, coincidió con los mencionados expertos en que el Legislativo tendrá una "fuerte injerencia en los procesos que están puerta y afectarán el próximo proceso electoral".
No obstante, incluyó un elemento en su análisis y es que, en su opinión, la medición de fuerzas entre los partidos políticos se determinará con la elección de Junta Directiva del Congreso por el período 2026-2027.
A su criterio, será con esa integración que se defina "el poderío de las alianzas que en los meses recientes se han establecido" en el parlamento. En manos de quien quede el ente colegiado marcará la pauta para los otros procesos, considera.
En ese marco, se debe tomar en cuenta que actualmente hay una pugna entre dos grupos: el primero liderado por Allan Rodríguez, Felipe Alejos e Inés Castillo, entre otros, y el segundo encabezado por Nery Ramos y Luis Aguirre, con apoyo de un oficialismo fragmentado.
Hasta ahora, la agrupación dirigida por Ramos se ha logrado mantener al frente del parlamento, pero debido "al constante fraccionamiento de las bancadas", el asunto podría cambiar, dijo Bon.
