La Comisión de Gobernación del Congreso estudia la viabilidad de una nueva ley para combatir las extorsiones.
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Que se habilite un centro carcelario especializado de máxima seguridad, exclusivo para personas procesadas o sentenciadas por extorsión, es una de las propuestas que se analiza en el Congreso, en busca de combatir ese delito.
El objetivo sería dotar al recinto de "altos niveles de control y vigilancia, como sistemas informáticos multiplataforma y avanzadas herramientas biométricas de reconocimiento facial, escáner corporal y lectura de matrículas".
Tales aspectos están contenidos en la iniciativa de ley 6380, presentada el pasado 22 de abril por diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Los parlamentarios consideran que aglutinar a los delincuentes en una prisión de con esas características contribuiría a tener un mejor control sobre ellos y evitaría que siguieran delinquiendo.
De aprobarse la ley, toda persona que quedara ligada a proceso por extorsión, como autora, coautora, partícipe o cómplice, tendría que ser trasladada de forma urgente e inmediata a esa cárcel.
También sería llevado ahí cualquier reo a quien se descubriera cometiendo el delito desde el penal en el cual estuviere recluido.
Extinción de dominio y más penas
El proyecto de ley, cuya viabilidad es analizada por la Comisión de Gobernación del Legislativo, también busca que pase a poder del Estado cualquier bien que se haya obtenido producto de las extorsiones.
Además, pretende crear el delito de extorsión agravada, el cual aplicaría al acto cometido desde una cárcel o cuando se use a un menor, por mencionar algunos.
Aparte, se busca castigar con prisión cualquier hecho mediante el cual se amenace para obtener dinero de manera ilegal, sin importar si el pago se llega a concretar.
