Autoridades aprueban ampliar plazos para presentar documentación y suscribir convenios relacionados con los proyectos de inversión.
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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) informó que 6,788 proyectos de inversión pública han obtenido estado de aprobación en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), los cuales representan un monto de Q10,237 millones.
Dichos proyectos pertenecen a la planificación desarrollada para este año y son ejecutados por los Consejos Departamentales de de Desarrollo (Codedes).
Los datos fueron presentados por Oscar Silin López, especialista en Inversión de la Dirección de Inversión para el Desarrollo de Segeplan, durante la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur).
Según la información expuesta, entre los proyectos registrados destacan 4,341 vinculados con el sector transporte, 1,856 relacionados con agua y saneamiento y 1,622 correspondientes a educación.
La información refleja el volumen de iniciativas que las instituciones y gobiernos locales han incorporado al SNIP, mecanismo mediante el cual se registran y evalúan los proyectos de inversión pública antes de avanzar en su ejecución.
Silin López explicó que el número total de proyectos registrados asciende a 8,309, de estos, 1,358 todavía presentan requisitos pendientes que deben ser solventados para completar sus respectivos expedientes.
Entre los documentos pendientes se encuentran 1,118 relacionados con impacto ambiental, 1,107 correspondientes al aval del ente rector y 467 vinculados con el derecho de propiedad.
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Estas cifras no son excluyentes entre sí, debido a que un mismo proyecto puede tener pendiente más de uno de los requisitos señalados.
Ante esta situación, el pleno del Conadur aprobó ampliar hasta el 30 de septiembre el plazo para la presentación de los documentos necesarios para completar los expedientes de los proyectos.
Además, se estableció que la firma de convenios entre las municipalidades y las empresas constructoras podrá realizarse hasta el 30 de noviembre.
La ampliación de los plazos busca facilitar que los proyectos que todavía tienen documentación pendiente puedan completar los requisitos correspondientes y continuar con el proceso establecido para la inversión pública.
