Una iniciativa de ley que se promueve en el Congreso busca reconocer el uso de criptomonedas y activos digitales, como medios de intercambio voluntarios en el país.
OTRAS NOTICIAS: Convención de Viena: notifican a ONU sobre continuidad de reserva en artículo 27
Guatemala podría contar con una ley que regule el uso, intercambio y establecimiento del valor de las criptomonedas. Ese es el objetivo de una iniciativa que presentó en el Congreso la diputada Shirley Rivera.
Entre los aspectos que contiene la propuesta figura la obligatoriedad de que se fomente la inclusión financiera y se impulse la innovación tecnológica requerida en esa materia.
También se busca proteger a los usuarios del dinero digital ante posibles fraudes, según la parlamentaria.
Uso voluntario
El proyecto de ley está conformado por quince artículos y en uno de los primeros se reconoce "el uso de criptomonedas y activos digitales en Guatemala, como medios de intercambio voluntarios entre partes que así lo acepten".
"Las criptomonedas no tendrán carácter de curso legal, pero podrán ser utilizadas para transacciones lícitas en el ámbito público y privado", reza el texto que se impulsa.
Ahí también se menciona que todas las plataformas, wallets (billeteras electrónicas) y servicios relacionados con criptomonedas que operen en Guatemala tendrían que registrarse ante la Superintendencia de Bancos (SIB).
Además, esas empresas tendrían que cumplir con normas de transparencia, ciberseguridad y protección al usuario.
Valor e impuestos
Otro aspecto que se regularía, de aprobarse la ley, es que los involucrados tendrían que establecer los precios de los bienes y servicios que podrían pagarse mediante criptomonedas. En esos casos, a los proveedores les correspondería "presentar al usuario la conversión en quetzales".
También se pretende que las transacciones realizadas con monedas digitales queden exentas de impuestos sobre ganancias de capital, siempre y cuando su uso esté destinado a consumo, ahorro o transferencias personales.
En cuanto a las medidas para prevenir fraudes y estafas, se plantea la creación de mecanismos de investigación y monitoreo de actividades relacionadas con la citada forma de pago, lo cual quedaría a cargo de la SIB y el Ministerio Público.
La iniciativa habla, además, de los requisitos que tendrían que cumplir las plataformas que promuevan las criptomonedas y la necesidad de impulsar campañas de educación financiera.
