Autoridades señalan que la Ley Antilavado debe aprobarse para evitar un impacto financiero severo en el país.
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El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) Álvaro González Ricci, reiteró la urgencia de que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, más conocida como "Ley Antilavado", pues advirtió que la falta de esta normativa pone en riesgo la reputación financiera de Guatemala, la confianza de los mercados internacionales y los avances hacia el grado de inversión.
González Ricci subrayó que la no aprobación de la ley tendría consecuencias directas sobre la percepción internacional del país.
"Si no se aprueba la ley adiós al grado de inversión", afirmó, al tiempo que recordó que la Junta Monetaria ya hizo un llamado al Congreso para agilizar la aprobación de la iniciativa, la cual unifica dos leyes vigentes desde hace varios años.
Explicó que la presión principal es el tiempo, debido a que las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) iniciarán en enero de 2027 y que la implementación de la ley requiere aproximadamente un año.
"Esto quiere decir que deberíamos tener nosotros la ley aprobada en enero próximo para tener el tiempo suficiente para que esté debidamente implementada cuando comience las revisiones de Gafilat", señaló el funcionario
Agregó que el tema es una urgencia nacional por el impacto que tiene en los esfuerzos financieros del país y advirtió que una eventual inclusión de Guatemala en una lista gris significaría un retroceso sin precedentes.
"Pensemos en todos los esfuerzos por generar credibilidad, en lo que está haciendo el país en la lucha contra la corrupción, contra el dado de dinero, financiamiento contra el terrorismo. El hecho de que Guatemala pudiera entrar en una lista gris significaría que se retrocedería en todos estos esfuerzos de una manera sin precedentes", afirmó González Ricci.
Añadió que tanto el Banguat como el sector privado y la banca coinciden en la necesidad de que la ley se apruebe lo antes posible, pero recordó que el Congreso se reactiva a mediados de enero.
Hay un proceso que hacer en el Congreso, pero creo que sí hay un consenso en la importancia de la ley, ahora lo que falta es que ese consenso se materialice específicamente en aprobarla y publicarla y poder comenzar los procesos", aseveró el funcionario.
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El presidente Bernardo Arévalo ha insistido públicamente en que el Congreso priorice esta discusión.
"Hago un llamado para que se priorice la agenda legislativa que ha sido planteada para este efecto. Es urgente que el Congreso pueda retomar la discusión respecto a la Ley Antilavado que planteó el Gobierno de Guatemala hace algunos meses", expresó el mandatario en una conferencia de prensa previa.
Arévalo advirtió que sin esta legislación los avances económicos recientes no serán permanentes pues "en ausencia de una Ley Antilavado y del resto de legislación anticorrupción" que se promueve "los logros que se han tenido en las negociaciones comerciales, en el crecimiento del turismo o en la atracción de inversiones, no van a ser sostenibles".
"Guatemala no va a ser considerado un socio confiable en términos del control de los flujos de capital del crimen organizado internacional", añadió el Gobernante.
Arévalo enfatizó que el país Guatemala corre el riesgo de que sus "instituciones financieras sean desertificadas y por ende se ponga el riesgo de la economía de los guatemaltecos, así como los significativos avances para alcanzar el grado de inversión".
Enviada hace meses
El Organismo Ejecutivo envió el pasado 28 de julio al Congreso de la República la iniciativa 6593 la cual dispone aprobar la Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La propuesta busca proteger la estabilidad y solidez del sistema financiero del país, atendiendo a los estándares nacionales e internacionales, también declara interés público regular la prevención y represión del lavado de dinero.
Busca establecer un régimen administrativo, preventivo que deberán observar las personas obligadas, las funciones y atribuciones de las autoridades competentes, así como, la tipificación y sanción de los delitos mencionados.
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El proyecto de decreto plantea varios aspectos, entro los principales están que fusiona las regulaciones del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, mejora y fortalece el enfoque de riesgo, identificación, evaluación y mitigación, y debida diligencia del cliente.
Asimismo, se robustece el régimen administrativo preventivo, se exige nuevos procedimientos internos obligatorios, así como responsables en entidades públicas y privadas.
Además, busca modernizar y ampliar el universo de sujetos obligados, con mayor control para saber quién está detrás del dinero y actualiza los delitos de lavado de dinero u otros activos, de financiamiento del terrorismo y de trasiego de dinero.
La iniciativa 6593 fue conocida el 2 de septiembre por el pleno del Organismo Legislativo, actualmente se encuentra en las comisiones de Economía y Comercio Exterior y la de Finanzas Públicas y Moneda a la espera de recibir un dictamen para posteriormente ser discutida por los diputados.
