Si no moderniza su legislación en materia de combate al lavado de dinero, Guatemala podría ser considerada como una nación que no coopera para combatir ese delito, afirma la SIB.
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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que de no aprobar la iniciativa de ley contra el lavado de dinero que el Organismo Ejecutivo envió al Congreso, se abriría la posibilidad de que Guatemala sea incluida en la lista gris del sistema financiero internacional.
Según el mandatario, tener una legislación actualizada le permitiría al país evitar la incertidumbre económica y adicionalmente cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
El Gafi es una organización que lidera la acción global para abordar el lavado de dinero, así como el financiamiento del terrorismo y su proliferación.

Asimismo, promueve normas globales para mitigar los riesgos y evalúa si los países están tomando medidas eficaces.
La lista gris se refiere a un registro de países en los cuales el Gafi mantiene vigilancia continua y que presentan deficiencias en procesos para evitar el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Guatemala peligra
Saulo De León, titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), aseguró que es necesario comprender la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger la economía guatemalteca, fortalecer el sistema financiero nacional y salvaguardar la reputación del país ante la comunidad internacional.
"Mi responsabilidad es presentarles una realidad ineludible. A principios de 2027, Guatemala enfrentará una rigurosa evaluación internacional a cargo del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat)", dijo de León.

Explicó que dicha evaluación comprende medir el cumplimiento técnico, es decir, si se cuenta con un marco jurídico e institucional adecuado para combatir los delitos relacionados con el lavado de dinero.
"El resultado de esta evaluación no se reduce únicamente a la emisión de un informe, contendrá un análisis integrado que determinará la solidez y efectividad de nuestro sistema de prevención y represión de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo", explicó De León.
El superintendente precisó que Gafilat también revisará si Guatemala ha subsanado las brechas que se identificaron en una revisión que se hizo en el 2016.
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"Cerrar estas brechas es crítico, ya que incluye la necesidad de adecuar tipos penales de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, incluir nuevas personas obligadas", precisó el superintendente.
Reafirmó lo dicho por el presidente y aseguró que no contar con una ley actualizada conforme al estándar internacional, Guatemala corre "el grave riesgo" de ser incluida en la lista gris de países que no cooperan en materia de prevención de lavado de dinero.
"Esto traería graves consecuencias económicas en el sentido de que las transacciones financieras serían lentas, costosas y difíciles para la población y empresas guatemaltecas, para nuestros exportadores y para quienes reciben remesas. La inversión extranjera se vería seriamente comprometida y esto podría frenar el crecimiento económico del país", puntualizó De León.




