23/09/2020

  • Política

Venció el plazo para que Giammattei publique Decreto 15-2020

  • Por José Miguel Castañeda
19 de mayo de 2020, 10:05
Giammattei vetó este Decreto, pero el Congreso rechazó su decisión. (Foto: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Giammattei vetó este Decreto, pero el Congreso rechazó su decisión. (Foto: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Este lunes venció el plazo para que el presidente Alejandro Giammattei ordenara publicar el Decreto 15-2020, el cual prohíbe cortes de servicios de agua, energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad. Ahora, el Congreso la publicará para que entre en vigencia.

Esta polémica normativa fue vetada por el mandatario para que no entrara en vigencia. Este la devolvió al Congreso para que fuera modificada y aprobada nuevamente. Sin embargo, los diputados rechazaron el veto. Esto obliga a Giammattei a publicarla para que entre vigencia.

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Ante la negativa del mandatario de publicarla en el Diario de Centro América, ahora corresponde al Congreso ordenar su publicación en un plazo no mayor a tres días.

"Al no publicarlo el Ejecutivo tiene que venir ahora al Legislativo y de acuerdo con la ley tenemos 3 días para publicar", confirmó el tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo.

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La Comisión Permanente se reúne este martes y, de acuerdo a la Constitución Política de la República, tiene hasta el jueves para ordenar la publicación de esta ley que entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.

Giammattei y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no han mencionado por qué no se ordenó la promulgación de la ley.

  • ADEMÁS:

Esta ley contempla que los pagos atrasados no generarán mora, intereses, gastos administrativos ni cualquier otra penalización, y los usuarios podrán suscribir convenios de pago para que estos servicios sean pagados hasta en 12 cuotas, las cuales iniciarán el mes siguiente o cuando concluya el estado de calamidad.

Varias organizaciones empresariales y abogados particulares han accionado en contra de este Decreto, por considerar que es inconstitucional; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha resuelto ninguno de los recursos planteados.

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