EN VIVO: Congreso inicia aprobación de la ley contra el lavado de dinero

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La aprobación de la iniciativa que dispone aprobar la ley contra el lavado de dinero es considerada fundamental para proteger la reputación financiera del país.

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Después de casi un año desde que la iniciativa 6593 llegó al Congreso para su análisis técnico con varios intentos fallidos de aprobación, el Organismo legislativo tiene previsto conocer este martes 2 de junio Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en periodo extraordinario. 

La propuesta fue presentada por el Organismo Ejecutivo el 28 de julio de 2025 con carácter de urgencia nacional y conocida por el Pleno el 2 de septiembre del mismo año.

Su objetivo es modernizar la legislación vigente para fortalecer la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, en cumplimiento de estándares internacionales.

La aprobación de la normativa ha sido impulsada por autoridades del sistema financiero, organismos internacionales y sectores empresariales, quienes han advertido que Guatemala se encuentra contra el tiempo para cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).  

El presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Álvaro González Ricci, ha señalado en distintas ocasiones que la falta de aprobación de la ley podría afectar la reputación financiera del país, poner en riesgo el grado de inversión y complicar la evaluación internacional que Guatemala enfrentará en 2027.

Varias sesiones plenarias fueron suspendidas por falta de quórum y acuerdos entre bancadas. (Foto ilustrativa: Estuardo Paredes/colaborador)

Según las autoridades financieras, la nueva legislación busca actualizar un marco legal que tiene alrededor de 25 años de vigencia y adaptarlo a nuevas amenazas vinculadas con delitos transnacionales, plataformas digitales, cibercriminalidad, inteligencia artificial y criptoactivos.

Retrasos en el Congreso

Aunque la iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior a finales de febrero de este año, su discusión se vio retrasada por diversos factores.

Inicialmente, el Congreso priorizó la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) después, la atención legislativa se concentró en medidas relacionadas con el aumento en los precios de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.

La discusión de la normativa se retrasó por prioridades legislativas y falta de consensos políticos. (Foto: Archivo/Soy502)

A estos factores se sumaron varias sesiones suspendidas por falta de consensos y de quórum dentro del Pleno.

Durante abril, la Comisión de Economía inició la revisión de las enmiendas planteadas por los diputados y logró consensuar 12 modificaciones y dos artículos nuevos.

Sin embargo, cuando la iniciativa parecía encaminada a su aprobación, las sesiones programadas para mayo volvieron a fracasar por falta de acuerdos políticos y ausencia de votos suficientes. 

Diputados, la SIB y la IVE analizaron durante semanas las enmiendas propuestas a la iniciativa. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

El 12 de mayo la discusión volvió a detenerse luego de que distintas bancadas presentaran alrededor de ocho nuevas enmiendas que no habían sido analizadas previamente por la comisión legislativa correspondiente.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió suspender el proceso para evitar que se aprobaran cambios a última hora que pudieran afectar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales exigidas por el GAFI.

Análisis técnico de las enmiendas

Desde mediados de mayo, la Comisión de Economía, la Junta Directiva del Congreso, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) desarrollaron varias reuniones para revisar las propuestas de modificación.

De las ocho nuevas enmiendas planteadas, cinco fueron consideradas técnicamente viables, mientras que tres fueron rechazadas por considerar que podrían afectar el espíritu de la ley y comprometer el cumplimiento de estándares internacionales.

Según explicó el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, algunas de las modificaciones rechazadas buscaban alterar los artículos 8, 73 y 74, aspectos que, a criterio de los equipos técnicos, podrían generar observaciones durante las futuras evaluaciones internacionales.

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Acuerdo final 

Tras varias semanas de negociaciones, la Instancia de Jefes de Bloque conoció el lunes 1 de junio el acuerdo final sobre las enmiendas incorporadas a la iniciativa.

Contreras, aseguró que las modificaciones incluidas cuentan con el aval técnico de la IVE y son compatibles con las recomendaciones internacionales.

Además, indicó que las dudas planteadas por los diputados fueron resueltas durante el proceso de diálogo y que no se prevé la presentación de nuevas enmiendas durante la sesión plenaria programada para este martes.

Temor a una eventual lista gris

Uno de los principales argumentos a favor de la aprobación de la ley ha sido evitar que Guatemala sea incluida en la denominada "lista gris" de organismos internacionales de supervisión financiera.

Expertos han advertido que un resultado negativo en la evaluación que realizará el GAFI a inicios de 2027 podría provocar mayores controles sobre las operaciones financieras del país.

El asesor internacional en prevención de lavado de dinero, Julio Aguirre, recordó el caso de Panamá, que permaneció varios años en una lista de vigilancia internacional y enfrentó mayores controles financieros, transacciones más lentas y costos adicionales para empresas y consumidores.

Según explicó, cuando un país es catalogado como de alto riesgo, las entidades financieras internacionales aplican controles más estrictos que incrementa costos y tiempos en transferencias, pagos y operaciones comerciales.

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Impacto en remesas, inversión y empleo

La consultora en gestión de riesgos y banca, Ana María De Alba, advirtió que las consecuencias de no actualizar la legislación antilavado no se limitarían al sistema financiero.

Además, indicó que una percepción internacional de mayor riesgo podría reducir la inversión extranjera, dificultar operaciones de importación y exportación y limitar el acceso a servicios financieros. 

También señaló que las remesas familiares podrían verse afectadas por mayores verificaciones, retrasos y costos operativos, mientras que pequeños negocios, emprendedores y trabajadores de la economía informal podrían enfrentar menos oportunidades de acceso a herramientas financieras y digitales.

Respaldo de sectores económicos

Más de 50 organizaciones empresariales agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitaron al Congreso aprobar la normativa al considerar que una eventual inclusión de Guatemala en la lista gris afectaría remesas, inversiones, exportaciones, financiamiento internacional y la competitividad del país.

El sector empresarial también advirtió que el país se encuentra cerca de alcanzar grado de inversión y que perder ese avance tendría repercusiones económicas de largo plazo.

Mientras tanto, autoridades financieras sostienen que la normativa no busca perseguir actividades económicas legítimas ni restringir el uso de efectivo, sino fortalecer las herramientas del Estado para detectar recursos vinculados con actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando y financiamiento del terrorismo.

Con el acuerdo alcanzado sobre las enmiendas y el respaldo técnico de las instituciones involucradas, la iniciativa 6593 llega este martes al Pleno del Congreso para un nuevo intento de aprobación, en medio de expectativas por su impacto en la estabilidad financiera y la posición internacional de Guatemala.