Congreso aprueba Ley Antilavado

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El Congreso aprueba este martes la nueva Ley Antilavado en redacción final, con el objetivo de actualizar las reglas para la prevención, detección y sanción de delitos financieros.

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El Congreso de la República aprobó este martes 2 de junio, durante una sesión extraordinaria, la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto recibió el respaldo de 148 diputados y quedó contenido en el Decreto 15-2026

La iniciativa fue priorizada en la agenda legislativa a solicitud de varios diputados y su discusión se desarrolló por capítulos. Debido a que la normativa tiene carácter constitucional, su aprobación requirió el voto favorable de al menos 107 congresistas.

Congreso aprueba nueva Ley Antilavado en sesión extraordinaria. (Foto: Jose Pos/colaborador)

Normativa actualizada

La nueva legislación busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de estándares internacionales impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre las enmiendas aprobadas se encuentra una definición más precisa de Personas Expuestas Políticamente (PEP), estableciendo que esta condición se mantendrá únicamente durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de haberlo dejado.

Nuevas reglas delimitan la condición de Personas Expuestas Políticamente. (Imagen: Organismo Legislativo)

También se incorporan regulaciones para proveedores de servicios de activos virtuales, se amplían las obligaciones de conservación de registros físicos y electrónicos y se fortalecen las atribuciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Asimismo, se establecieron controles sobre medidas cautelares relacionadas con bienes y cuentas bancarias, fijando plazos para que el Ministerio Público (MP) solicite su validación judicial.

De igual forma, se actualizaron disposiciones penales vinculadas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y participación de terceros en estos delitos.

Congreso impulsa reformas a la Ley Antilavado para atender observaciones internacionales. (Foto: Jose Pos/colaborador)

La ley también incorpora mecanismos para la actualización de listados de cargos públicos considerados PEP y disposiciones relacionadas con personas que cumplen penas derivadas de la conversión de multas.

La aprobación de esta normativa responde a las observaciones realizadas por organismos internacionales.

Durante los últimos meses, distintos sectores advirtieron que la falta de reformas podría dañar la reputación financiera del país y activar mayores controles económicos que afectarían de forma directa a los guatemaltecos.

Varias sesiones plenarias fueron suspendidas por falta de quórum y acuerdos entre bancadas. (Foto ilustrativa: Estuardo Paredes/colaborador)

Con la aprobación de la Ley Antilavado, el Congreso busca dotar al Estado de herramientas más robustas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además de fortalecer la cooperación entre autoridades financieras, judiciales y de investigación.

La normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Cumplir estándares internacionales

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputado Jorge Ayala, indicó que la aprobación de la nueva Ley Antilavado representa la actualización más importante del marco regulatorio guatemalteco en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los últimos 25 años.

Según explicó, la normativa fue construida a partir de un amplio consenso entre los bloques legislativos y se ajusta plenamente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y permite al país cumplir con los estándares internacionales. 

Ayala indicó que la ley adopta un enfoque basado en riesgos para concentrar los recursos del Estado en la persecución de delitos de mayor impacto, al tiempo que protege las actividades de la economía informal y el uso legítimo del efectivo, sin perseguir fines fiscales.

Además, señaló que los equipos técnicos del Organismo Ejecutivo que impulsaron la iniciativa continúan trabajando en el reglamento de la normativa y confían en que estará listo antes del plazo establecido para que Guatemala cuente con una ley plenamente implementada y en vigencia para la próxima evaluación internacional prevista para febrero.

Reacción de diputados

El diputado José Chic afirmó que la aprobación de la nueva Ley Antilavado fortalece las herramientas legales con las que cuentan el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial para combatir estructuras vinculadas al crimen organizado, las maras, el terrorismo y otros delitos relacionados con el lavado de dinero.

Según indicó, la normativa permitirá perseguir con mayor eficacia las fuentes de financiamiento de estos grupos y, al mismo tiempo, brindar mayor certeza a la economía nacional.

Chic también señaló que la aprobación de la ley envía una señal positiva ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que contribuiría a evitar sanciones o repercusiones para el país.

Añadió que la medida ofrece tranquilidad a los guatemaltecos, especialmente a quienes reciben remesas del extranjero.

Por su parte, el diputado César Dávila destacó que la aprobación de la normativa responde a la necesidad de brindar certidumbre a la población ante la preocupación que existía por una posible inclusión de Guatemala en la lista gris de vigilancia internacional.

Además, indicó que la nueva legislación contribuye a fortalecer la confianza en el país y representa un paso importante para la estabilidad económica y financiera.

Retrasos en el Congreso

Aunque la iniciativa recibió dictamen favorable de la Comisión de Economía y Comercio Exterior a finales de febrero de este año, su discusión se vio retrasada por diversos factores.

Inicialmente, el Congreso priorizó la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) después, la atención legislativa se concentró en medidas relacionadas con el aumento en los precios de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente.

La discusión de la normativa se retrasó por prioridades legislativas y falta de consensos políticos. (Foto: Archivo/Soy502)

A estos factores se sumaron varias sesiones suspendidas por falta de consensos y de quórum dentro del Pleno.

Durante abril, la Comisión de Economía inició la revisión de las enmiendas planteadas por los diputados y logró consensuar 12 modificaciones y dos artículos nuevos.

Sin embargo, cuando la iniciativa parecía encaminada a su aprobación, las sesiones programadas para mayo volvieron a fracasar por falta de acuerdos políticos y ausencia de votos suficientes. 

Diputados, la SIB y la IVE analizaron durante semanas las enmiendas propuestas a la iniciativa. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

El 12 de mayo la discusión volvió a detenerse luego de que distintas bancadas presentaran alrededor de ocho nuevas enmiendas que no habían sido analizadas previamente por la comisión legislativa correspondiente.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, decidió suspender el proceso para evitar que se aprobaran cambios a última hora que pudieran afectar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales exigidas por el GAFI.

Análisis técnico de las enmiendas

Desde mediados de mayo, la Comisión de Economía, la Junta Directiva del Congreso, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) desarrollaron varias reuniones para revisar las propuestas de modificación.

De las ocho nuevas enmiendas planteadas, cinco fueron consideradas técnicamente viables, mientras que tres fueron rechazadas por considerar que podrían afectar el espíritu de la ley y comprometer el cumplimiento de estándares internacionales.

Según explicó el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, algunas de las modificaciones rechazadas buscaban alterar los artículos 8, 73 y 74, aspectos que, a criterio de los equipos técnicos, podrían generar observaciones durante las futuras evaluaciones internacionales.

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Acuerdo final 

Tras varias semanas de negociaciones, la Instancia de Jefes de Bloque conoció el lunes 1 de junio el acuerdo final sobre las enmiendas incorporadas a la iniciativa.

Contreras, aseguró que las modificaciones incluidas cuentan con el aval técnico de la IVE y son compatibles con las recomendaciones internacionales.

Además, indicó que las dudas planteadas por los diputados fueron resueltas durante el proceso de diálogo y que no se prevé la presentación de nuevas enmiendas durante la sesión plenaria programada para este martes.

Temor a una eventual lista gris

Uno de los principales argumentos a favor de la aprobación de la ley ha sido evitar que Guatemala sea incluida en la denominada "lista gris" de organismos internacionales de supervisión financiera.

Expertos han advertido que un resultado negativo en la evaluación que realizará el GAFI a inicios de 2027 podría provocar mayores controles sobre las operaciones financieras del país.

El asesor internacional en prevención de lavado de dinero, Julio Aguirre, recordó el caso de Panamá, que permaneció varios años en una lista de vigilancia internacional y enfrentó mayores controles financieros, transacciones más lentas y costos adicionales para empresas y consumidores.

Según explicó, cuando un país es catalogado como de alto riesgo, las entidades financieras internacionales aplican controles más estrictos que incrementa costos y tiempos en transferencias, pagos y operaciones comerciales.

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Impacto en remesas, inversión y empleo

La consultora en gestión de riesgos y banca, Ana María De Alba, advirtió que las consecuencias de no actualizar la legislación antilavado no se limitarían al sistema financiero.

Además, indicó que una percepción internacional de mayor riesgo podría reducir la inversión extranjera, dificultar operaciones de importación y exportación y limitar el acceso a servicios financieros. 

También señaló que las remesas familiares podrían verse afectadas por mayores verificaciones, retrasos y costos operativos, mientras que pequeños negocios, emprendedores y trabajadores de la economía informal podrían enfrentar menos oportunidades de acceso a herramientas financieras y digitales.

Respaldo de sectores económicos

Más de 50 organizaciones empresariales agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitaron al Congreso aprobar la normativa al considerar que una eventual inclusión de Guatemala en la lista gris afectaría remesas, inversiones, exportaciones, financiamiento internacional y la competitividad del país.

El sector empresarial también advirtió que el país se encuentra cerca de alcanzar grado de inversión y que perder ese avance tendría repercusiones económicas de largo plazo.

Mientras tanto, autoridades financieras sostienen que la normativa no busca perseguir actividades económicas legítimas ni restringir el uso de efectivo, sino fortalecer las herramientas del Estado para detectar recursos vinculados con actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando y financiamiento del terrorismo.

Con el acuerdo alcanzado sobre las enmiendas y el respaldo técnico de las instituciones involucradas, la iniciativa 6593 llega este martes al Pleno del Congreso para un nuevo intento de aprobación, en medio de expectativas por su impacto en la estabilidad financiera y la posición internacional de Guatemala.