La Ley de Puertos fortalece la seguridad y protección portuaria, impulsa la digitalización y una mayor coordinación entre instituciones para mejorar la competitividad del comercio exterior.
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Tras una extensa jornada y en la madrugada del miércoles 5 de agosto el Congreso aprobó con 123 votos a favor la Ley General del Sistema Portuario Nacional bajo el Decreto 20-2026 que entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
La Ley portuaria moderniza el marco legal de los puertos del país y fortalecer la seguridad, competitividad y facilitación del comercio exterior.
Además, la nueva normativa busca impulsar una política de puertos seguros, competitivos y eficientes para fortalecer el comercio exterior y modernizar la gestión portuaria del país.
El proyecto llegó al Pleno con 36 enmiendas incorporadas al dictamen, de las cuales 33 fueron analizadas de forma técnica por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, mientras que las tres restantes corresponden a cambios relacionados con la gobernanza y la integración del sistema portuario.
Resumen de enmiendas aprobadas
Durante la discusión por artículos de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, se presentó una serie de enmiendas principalmente en temas de gobernanza, protección portuaria, digitalización de trámites y mecanismos para impulsar la inversión en infraestructura.
Uno de los principales cambios redefine conceptos como administrador portuario público y privado, área de influencia portuaria, espejo de agua y servicio comercial portuario, con el fin de delimitar con mayor claridad las competencias de la futura Autoridad Portuaria Nacional (APN) y de las demás instituciones involucradas.
Previo a la aprobación de la Ley de Puertos
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Las enmiendas también modifican la integración y funcionamiento del Directorio de la APN, pues se establece que varios de sus integrantes serán designados por el Presidente de la República y por los ministerios de Economía, Comunicaciones y Gobernación, además de incorporar mecanismos para evaluar y remover a los directores cuando corresponda.
La nueva normativa fortalece la creación del Comité Nacional de Protección Portuaria (CONAPROP), integrado por instituciones como Gobernación, Defensa, SAT, Migración, PNC y Ministerio Público, entre otras.
Asimismo, se otorgan nuevas facultades a la APN para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección portuaria y se crea un Equipo Auditor Interinstitucional encargado de verificar en campo el cumplimiento de estas disposiciones.
También se impulsa la digitalización de los servicios portuarios mediante la creación de un portal interinstitucional que permitirá realizar trámites electrónicos bajo un esquema de ventanilla única y coordinación entre las entidades involucradas.
Las enmiendas también actualizan las modalidades de contratación para proyectos portuarios; se incluyen las alianzas público-privadas (APP), los Contratos de Administración Portuaria (CAP) y otros puntos para desarrollar infraestructura, modernizar instalaciones y ampliar la capacidad operativa de los puertos del país.
Asimismo se incorporan nuevas disposiciones sobre control cuarentenario coordinado con el MAGA, una tarifa turística portuaria para pasajeros de cruceros y ajustes en la coordinación institucional para fortalecer la competitividad y el desarrollo del Sistema Portuario Nacional.
Marco jurídico moderno
La legislación establece un nuevo marco jurídico para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y protección portuaria, promover inversiones sostenibles, brindar certeza jurídica a los sectores público y privado y fortalecer los mecanismos de fiscalización e institucionalidad técnica.
Diputato Elmer Palencia
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Según datos del Organismo Legislativo, la necesidad de esta ley responde, principalmente, a los retrasos que enfrentan los puertos nacionales.
Discusión en el Pleno previo a la aprobación de la Ley General de Puertos en el Congreso.
Diputado integrante de la Comisión de Economía, Faver Salazar.
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La normativa también busca fortalecer la protección portuaria para prevenir actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y otras amenazas, además de garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad en las terminales marítimas.
Diputado Julio Héctor Estrada
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Durante la discusión, el diputado Vitelio Lam Ruano, representante de Escuintla, señaló que la saturación en Puerto Quetzal provoca largas filas de embarcaciones y, como consecuencia, incrementa el costo de los productos que llegan al país.
También expresó su expectativa de que la nueva legislación permita fortalecer la administración portuaria y facilite proyectos como el dragado del puerto con el equipo adecuado.
