El Congreso se encuentra a un paso para aprobar la Ley General del Sistema Portuario Nacional para modernizar los puertos, reducir costos logísticos y combatir el narcotráfico y el contrabando.
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El Pleno del Congreso avanza este martes con la discusión por artículos de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una iniciativa que busca modernizar el marco legal de los puertos del país y fortalecer la seguridad, competitividad y facilitación del comercio exterior.
Tras el análisis de las enmiendas incorporadas al dictamen, los diputados prevén conocer la redacción final y aprobar la normativa durante la sesión.
La nueva normativa busca impulsar una política de puertos seguros, competitivos y eficientes para fortalecer el comercio exterior y modernizar la gestión portuaria del país.
La iniciativa llegó al pleno con 36 enmiendas incorporadas al dictamen; entre ellas, 33 fueron producto del análisis técnico realizado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, mientras que las tres restantes corresponden a cambios en la gobernanza y la integración del directorio del sistema portuario.
Durante la discusión, el diputado Vitelio Lam Ruano, representante de Escuintla, señaló que la saturación en Puerto Quetzal provoca largas filas de embarcaciones y, como consecuencia, incrementa el costo de los productos que llegan al país.
También expresó su expectativa de que la nueva legislación permita fortalecer la administración portuaria y facilite proyectos como el dragado del puerto con el equipo adecuado.
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Marco jurídico moderno
La legislación establece un nuevo marco jurídico para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y protección portuaria, promover inversiones sostenibles, brindar certeza jurídica a los sectores público y privado y fortalecer los mecanismos de fiscalización e institucionalidad técnica.
Uno de los principales ajustes aprobados establece que el representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será sustituido por un delegado designado por el presidente de la República, con un régimen de requisitos y prohibiciones distinto al de los representantes de los ministerios.
Según datos del Organismo Legislativo, la necesidad de esta ley responde, principalmente, a los retrasos que enfrentan los puertos nacionales.
Solo durante 2024, las demoras logísticas e inspecciones llegaron a impactar hasta en un 35% el precio final de algunos productos importados por vía marítima.
Discusión en el Pleno previo a la aprobación de la Ley General de Puertos en el Congreso.
Diputado integrante de la Comisión de Economía, Faver Salazar.
: Wilder López pic.twitter.com/fiV36M3kT1
Además, el costo diario de fondeo de un buque puede alcanzar los 35 mil dólares, mientras que los tiempos de espera llegan hasta 45 días para graneles sólidos y 25 días para graneles líquidos.
La normativa también busca fortalecer la protección portuaria para prevenir actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y otras amenazas, además de garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad en las terminales marítimas.
