La Comisión de Postulación para magistrados del TSE eligió entre los 20 candidatos presentados al Congreso de la República a diez con algún impedimento.
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Pese a que el pleno de comisionados aprobó una declaración de cumplimiento de los requisitos de capacidad, honradez, idoneidad y reconocida honorabilidad en los aspirantes elegibles, al menos diez (el 55%) de los candidatos a Magistrados titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron objetos durante el proceso de nominación recién finalizado.
De tal cuenta, en este listado existen quienes han sido cuestionados por su actuar en función de su cargo en alguna magistratura, como operadores de justicia al emitir resoluciones controversiales, o bien por contribuir al dejar fuera de procesos de elección gremial a colegiados activos.
Los objetados
El primero en ser señalado es José Alberto Godínez Rodríguez, quien es hermano de Juan Carlos Godínez Rodríguez, líder gremial en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y operador político en los procesos de postulación.
A Godínez Rodríguez se le señala su falta de reconocida honorabilidad por vínculo con profesionales del derecho que han marcado una huella en los procesos de postulación. Tal es el caso de Luis Fernando Ruíz, abogado integrante de la Comisión para integrar la nómina de candidatos a Magistrados de Corte de Apelaciones 2019, aprehendido en el 2020, por su relación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Asimismo, Godínez Rodríguez se postuló en la planilla liderada por Ruíz como tesorero del CANG.
El segundo de la lista es el exmagistrado Wilber Estuardo Castellanos Venegas, quien además de haber cuestionado su integración de la Comisión de Postulación para la integración de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el 2014, le fue presentado un impedimento que dejaba entrever su participación en la designación de los representantes de magistrados de Corte de Apelaciones en la Postuladora para candidatos a la CSJ, en el proceso del 2019. Se le vinculó en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Otro es el actual secretario General del TSE, Mario Alexander Velásquez Pérez, a quien se señala de haber bloqueado la candidatura presidencial del binomio del partido político Movimientos de Liberación de los Pueblos (MLP),
Thelma Cabrera y Jordan Rodas, en las pasadas elecciones 2023.
Lesther Castellanos Rodas, es cuestionado por haber aprovechado su cargo como Relator titular y presidente se la Oficina Nacional Contra la Tortura para designar a alguien en específico para realizar asesorías legales para asuntos personales.
Además, de haber denunciado a la ex fiscal del Ministerio Público (MP), Virginia Laparra, quien fue ligada a proceso por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
A esta lista se une el candidato Juan José Bolaños Mejía, cuyo veto refiere su presunta vinculación al caso conocido como Comisiones Paralelas 2020, en la que se giró una orden de aprehensión en su contra.
También Rafael Morales Solares, quien al decir de sus acciones le es cuestionable el ser parte de un mecanismo paralelo y negoción clandestino que influyó en el proceso de postulación del 2019 para Cortes que incluyó la votación final en el Congreso de la República.
A esto se añade el otorgamiento de una resolución que desnaturalizó, según los denunciantes, la Ley de Femicidio a favor de la excandidata presidencial Sandra Torres.
Además, se suma a esta lista el exmagistrado de la CSJ, Sergio Amadeo Pineda, cuyo cuestionamiento deja en duda la falta de reconocida honorabilidad por su presunta participación en el caso Comisiones Paralelas II, en la que se le señala el haber frecuentado visitas con operadores políticos como Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón.
Igual caso sucede con el exmagistrado de la CSJ, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, vinculado también al caso Comisiones Paralelas 2020, específicamente por haberse reunido con el operador político Gustavo Alejos.
A Roberto Estuardo Morales Gómez, se objeta que en su calidad de integrante de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo fue parte del otorgamiento de una acción de amparo a favor de Ricardo Sagastume y Diego Sagastume relacionado con la convocatoria de elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), realizada el pasado 4 de febrero, dejando fuera a los agremiados de ciencias afines.
Por último, a Julio César Recinos Fabián, se le señala su cercanía con la actual Fiscal del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Recinos Fabián es el jefe de la Fiscalía de extinción de dominio del MP.
Resoluciones judiciales
Entre los candidatos con resoluciones judiciales cuestionables, resalta la candidata Eva Marina Recinos Vásquez, quien favoreció a la excandidata presidencia Sandra Torres, y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Este ultimo caso, a Baldetti le autorizó para recibir tratamiento médico salir de prisión cuatro días a la semana, en tanto que a Torres le otorgó libertad tras el pago de una caución económica de 800 mil, quien se encontraba privada de sus derechos por haber sido señalada en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
